- 16 años han pasado desde que Mejía es el representante de la firma forense.
- La designación de Jerónimo Mejía para llevar la investigación contra Ricardo Martinelli causó reacciones.
- @olgamancuso: Qué se puede opinar de los que soltaron a Martín por caso Cemis.
- @CristobalSilva3: Ambos enemigos de RM. Caso similar al de Moncada Luna.
- @giron_mondiel: Esos magistrados ya tienen órdenes de cortar cabeza, así aseguran otro periodo en la CSJ.
- @NomadaCD: Y OTROS 5 AÑOS. PERO EL PUEBLO NO ES TONTO Y PRONTO SE DARÁ CUENTA DE LA FALASIA
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía estaría violando el Código Judicial y los cánones de ética judicial contemplados en este, al ejercer el comercio a través de la representación legal de la firma forense Mejía & Asociados.
El artículo 46 del Código Penal prohíbe a los magistrados de la CSJ ejercer el comercio, al establecer que “los cargos del Órgano Judicial y el Ministerio Público son incompatibles (...) con el ejercicio del comercio y cualquier otro cargo retribuido (...)”. “También son incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo o actividad, aunque no sean retribuidos, que interfieran o sean contrarios con los intereses públicos confiados al cargo judicial o del Ministerio Público”.
Sin embargo, según una certificación de persona jurídica emitida por el Registro Público el 13 de enero de 2015, el magistrado Mejía, aún mantiene la representación legal de la firma forense Mejía & Asociados.
Lo anterior se constituye en una actividad incompatible con su condición de prominente miembro del Órgano Judicial, como magistrado de la Sala Segunda, además de una falta a la ética judicial, por lo tanto, estaría violando el Código Judicial, lo que sería suficiente elemento de juicio para que se inicie un proceso contra él en la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la certificación del Registro Público, con número 63054 y que lleva la firma de Eduardo Antonio Robinson Orellana, la representación de la sociedad Mejía & Asociados está en manos de Mejía desde el 23 de julio de 1999.
El documento asegura que Mejía, quien tomó posesión del cargo como magistrado en enero de 2008, representa a la “sociedad Mejía & Asociados en todos los negocios en que esta sea parte o tenga algún interés, directo o indirecto, pudiendo ejercer de la manera más amplia posible en todos los negocios de la sociedad”.
Agrega la certificación que Mejía tiene “la facultad para disponer de los bienes y negocios de la sociedad a su entera discreción y darlos en cualquier clase de garantía y obligaciones a terceras personas”.
Además, la certificación advierte que “ningún otro socio puede ejercer la representación legal de la sociedad para un negocio específico sin que medie consentimiento previo y por escrito de Mejía.
Sobre un tema similar, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la CSJ tiene jurisprudencia. En el fallo del 24 de abril del año 2000, los miembros de la Sala aceptaron la destitución de Alejandro Moncada Luna, que en aquel entonces dirigía la Policía Técnica Judicial (PTJ), por el conflicto de intereses que generó el hecho de que el hoy magistrado separado aparecía como agente residente de una agencia de seguridad: Star Security.
Los magistrados de la Sala de Negocios determinaron que la vinculación del demandado con la empresa de seguridad afectaba “sensiblemente el interés público que debe guiar todas las actuaciones de Moncada Luna como funcionario del Ministerio Público…”.
El fallo de este caso consta como ejemplo dentro del Código Penal.
Según su página web, la firma de abogados Mejía y Asociados brinda servicios profesionales, fundamentados en sólidos conocimientos legales y principios de integridad, honestidad, responsabilidad y transparencia.
Agrega que el estandarte de la firma es “practicar el derecho con base en normas éticas y con la más alta calidad (…)”.
Persecución
Ayer, el expresidente de la República Ricardo Martinelli denunció que existe una persecución política en su contra y que el presidente Juan Carlos Varela “va a hacer todo lo posible para acabar con mi partido -Cambio Democrático (CD)-, que es el único de oposición, además de acabar física, comercial, económicamente y moralmente con mi persona”.
Martinelli, quien sesionó en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), sostuvo que “en la Corte no se me ha hecho ninguna acusación”, pero es investigado.
Añadió que en la investigación “se ha señalado a dos jueces que son enemigos declarados míos”.
“Uno de ellos está siendo demandado en la Asamblea porque ostenta la representación legal de su firma. No puede ser que por medio de su firma esté coaccionando y haciendo tramitaciones en la Corte Suprema de Justicia”, apuntó.
Conflicto de interés
A juicio del presidente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Fernando Cebamanos, existen conductas relacionadas al conflicto de interés que se adecúan al ejercicio de la abogacía, y no debe existir en el país.
Cebamanos recordó que este tipo de situaciones también comprende los diputados litigantes, pues “el solo hecho de tener un cargo de rango se convierte en un factor intimidatorio” sobre todas las decisiones.
“Debe estar bien claro que ciertas funciones no pueden ser compatibles con el ejercicio de la profesión de abogados, eso es elemental, con diputados y magistrados, independientemente de qué caso sea”, subrayó el dirigente.
El presidente del FAD fue más allá al señalar que estos privilegios deben desaparecer, pues son incompatibles con su ejercicio, y el país necesita una constituyente nueva con personas capaces que no respondan a los intereses del gobierno de turno.
Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño explicó que la ley es clara en que “ningún magistrado puede ejercer y por esto, en ocasiones, se acogen a licencias”.
“No hay una norma que te diga a ti que tienes que renunciar a la firma -de abogados- o acoger una licencia, tú no tienes que activarte”, señaló.
Expresó además que no encuentra asidero para imputar de ese cargo al magistrado Mejía, pues hay caso como el del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, quien tenía su firma de abogados y no estuvo litigando hasta que salió del ministerio.
No obstante, expertos aseguran que el solo hecho de ocupar un puesto de alto mando, ya sea para la esfera legal o de justicia, involucra una conexión directa con la toma de decisiones ante cualquier eventualidad.
Proponen creación de proyecto para limitar conflictos de interés
En la Asamblea Nacional reposa un anteproyecto de ley que busca prevenir la ocurrencia de conflictos de interés en todos los ámbitos de la administración pública.
Además de prohibir que los funcionarios puedan “mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por la dependencia o entidad en la que se encuentre prestando servicios”.
La proponente del proyecto, la diputada Ana Matilde Gómez, ha planteado su cumplimiento a través de la creación de la Oficina de Ética Pública, adscrita a la Defensoría del Pueblo.
Acusan a los magistrados de la CSJ de actuar por presiones
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron acusados recientemente de retrasar su veredicto al recurso de hábeas corpus solicitado por la defensa de Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.
Tanto el exsecretario del Consejo de Seguridad de Panamá Pérez, como Garuz, se encuentran recluidos en la cárcel La Gran Joya, por supuestos pinchazos telefónicos durante la administración pasada, sin embargo, la defensa de los acusados ha declarado que el procedimiento seguido en cada uno de los casos no ameritaba su conducción al centro penitenciario y, por lo tanto, la Corte debía otorgar otro tipo de custodio o medida cautelar.
Sin embargo, fuentes relacionadas con el caso afirman que una vez elaborada la respuesta, los magistrados no han procedido por presiones de parte del Ejecutivo.
