Más de 80 anteproyectos quedaron engavetados en la AN durante la anterior legislatura

Durante la primera mitad del segundo periodo de sesiones ordinarias, 82 anteproyectos de ley no fueron prohijados en la Asamblea Nacional, planteando desafíos para el siguiente periodo que comienza el próximo 2 de enero de 2026. La sugerencia de que se investigue el uso de fondos públicos utilizados durante la pandemia del Covid-19 sigue pendiente; no fue acogida en comisión pese a ser presentada en el mes de julio, a escasos días del inicio de la primera legislatura, y estar alineada con los valores de transparencia que promueve la actual administración.

En la misma situación se encuentra la iniciativa que busca eliminar la prueba idónea en investigaciones contra diputados para garantizar el principio de igualdad dentro del sistema de justicia.

Dicho requisito, según el diputado y abogado Ernesto Cedeño, limita la efectividad de la justicia contra quienes se aprovechan del cargo para buscar “su primer millón”; por ello, insistirá hasta que la propuesta sea agendada en el Órgano Legislativo.

El anteproyecto de ley No. 120, cuyo objetivo es instaurar un tope salarial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y eliminar otros privilegios a los que, hasta la fecha, tienen derecho, como sobresueldos, dietas e incentivos, tampoco ha sido discutido, aun cuando surgió luego de que los representantes de esta institución se adjudicaron un aumento de 4 mil dólares, elevando su remuneración a $14 mil mensuales, una decisión muy cuestionada por la ciudadanía y los diputados.

En materia económica, tampoco fueron contempladas las iniciativas que pretenden regular los topes máximos de cobro en los corredores del país, aunque el tema fue abordado con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y la Empresa Nacional de Autopista S.A. en una de sus comparecencias al Palacio Legislativo, y establecer una tasa de $10 a los pasajeros en tránsito por los aeropuertos.

La evaluación de subsidios, exoneraciones e incentivos que otorga el Estado a organizaciones y personas naturales o jurídicas quedó pendiente de debate durante la anterior legislatura; no obstante, se espera que en el periodo que está por iniciar se discuta, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha mencionado que la continuidad de estos beneficios sin un sustento técnico es insostenible.

Suspendido también se encuentra el anteproyecto que aspira a que el listado de contratistas con el Estado sea público para identificar posibles conflictos de interés, prevenir el clientelismo político y reducir los riesgos de corrupción y desvío de fondos.

La normativa ordena a la Dirección General de Contrataciones Públicas divulgar la información de los beneficiados con estos acuerdos en su página web para que sea de dominio público.

Igualmente, se presentaron iniciativas enfocadas en la seguridad social con el objetivo de garantizar el registro correcto de las cuotas a los funcionarios públicos y trabajadores privados, y promover la entrega de medicamentos a domicilio a través de la Caja de Seguro Social.

Estos y otros anteproyectos de ley, que no formaron parte de la agenda en el inicio del segundo periodo de sesiones, tienen hasta la próxima legislatura que empieza en enero para ser admitidos; de lo contrario, como establece el reglamento orgánico en su artículo No. 121, deberán presentarse nuevamente en el pleno para su consideración.