PANAMÁ
La solicitud fue presentada en el marco de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la administración.
La acción legal se derivó de la demolición de la estructura en homenaje a la comunidad china, llevada a cabo la noche del 27 de diciembre de 2025 en el Mirador del Puente de las Américas. Foto. Archivo
La acción legal se derivó de la demolición de la estructura en homenaje a la comunidad china, llevada a cabo la noche del 27 de diciembre de 2025 en el Mirador del Puente de las Américas. Foto. eric Montenegro
La Fiscalía Anticorrupción logró que un Tribunal de Garantías avalara la solicitud de aplicación de medidas conservatorias innominadas sobre el bien inmueble donde se encontraba ubicado el monumento conmemorativo de los 150 años de la presencia china en Panamá, en el distrito de Arraiján.
La solicitud fue presentada en el marco de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y otros ilícitos.
Dichas medidas conservatorias implican la suspensión inmediata de cualquier acto, proyecto o actividad dentro del terreno, así como la abstención de realizar intervenciones de cualquier naturaleza en el lugar mientras culmina el proceso correspondiente.
En este proceso se encuentra involucrada la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, quien fue denunciada en diciembre de 2025 por la abogada Edna Ramos Chue ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción.
La acción legal se derivó de la demolición de la estructura en homenaje a la comunidad china, llevada a cabo la noche del 27 de diciembre de 2025 en el Mirador del Puente de las Américas.
John Campos, representante de una de las partes querellantes, indicó que la aplicación de estas medidas conservatorias busca frenar cualquier tipo de proyecto por parte de la alcaldía en el sitio.
Asimismo, sostuvo que la comuna municipal no puede ejecutar obras en el lugar debido a que la finca es propiedad de la Caja de Ahorros desde 1993.
Por su parte, en enero de 2026, la alcaldesa Stefany Peñalba manifestó a través de una publicación en su cuenta de Instagram que la decisión de demoler el monumento obedeció al deber constitucional de proteger la vida, la seguridad e integridad física de los visitantes.
La jefa edilicia alegó contar con tres informes técnicos expedidos por la Dirección de Obras y Construcciones, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y un consultor externo no precisado.
De acuerdo con la alcaldía, las evaluaciones concluyeron que la estructura registraba un deterioro avanzado con corrosión de acero, desprendimiento de concreto, rajaduras y abultamientos causados por el ambiente marino, lo que configuraba un riesgo real para la seguridad ciudadana.
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