Panama Ports Company inicia arbitraje contra el Estado panameño
PPC señaló que el inicio del arbitraje se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra esta compañía y su contrato de concesión.
Vehículos de carga en Panama Ports Company. Foto: EFE
Panama Ports Company S.A. (PPC) comenzó un arbitraje en contra de la República de Panamá en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
Mediante un comunicado, PPC señaló que el inicio del arbitraje se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra esta compañía y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario.
La nota agrega que el arbitraje también se presenta tras los extensos esfuerzos de PPC a lo largo de un año para consultar y evitar disputas. Mientras diligentemente llevaba adelante las operaciones portuarias y cooperaba de múltiples maneras con el Estado panameño, PPC a través de diversas comunicaciones, también ha transmitido consistentemente sus preocupaciones sobre la campaña del Estado al ésta irse desarrollando, buscando sin éxito claridad y consultas para evitar la necesidad del arbitraje.
En cambio, a lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad, asegura PPC.
La compañía explica que el arbitraje se basa en el contrato de concesión y el marco jurídico que se ha plasmado durante casi tres décadas como un "contrato-ley", proporcionando seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable. La República de Panamá ha incumplido el Contrato y ley aplicables. PPC pide una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario. PPC y sus inversionistas continúan reservándose permanentemente todos sus derechos.
Además, PPC indica que como trasfondo del arbitraje, y en adición a los demás aspectos de su campaña, durante el último año, el Estado panameño optó por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo con respecto al marco jurídico y contractual, incumplió sus obligaciones bajo el contrato y dio inicio, impulsó y/o respaldó procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión, el cual fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente.
Fallo de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo que declara inconstitucional la Ley No 5 de 16 de enero de 1997. Para la empresa portuaria, este resultado es opuesto a decisiones anteriores dictadas por esta entidad con relación a contratos similares al contrato de PPC.
PPC asegura que ha continuado gestionando las operaciones portuarias e interactuando respetuosamente con los representantes del Estado, incluyendo la solicitud de acceso al plan referenciado y oportunidades para consultar y coordinar.
Agrega que han invertido ampliamente en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cantidad múltiple veces mayor que la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país.
“Estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para establecer a Panamá como un puerto y centro logístico reconocido a nivel mundial, atrayendo a las principales líneas navieras del mundo y generando un impacto positivo para toda la nación”, detalla el comunicado.