'Agujeros negros' empañan el acuerdo de Barro Blanco

El Gobierno de Juan Carlos Varela enfrenta una difícil situación con el acuerdo suscrito con la cacica Silvia Carrera sobre el futuro de la hidroeléctrica Barro Blanco.

Los problemas vienen de varios frentes: la empresa Genisa rechaza el acuerdo y advierte demandas millonarias internacionales, el Congreso General Ngäbe-Buglé amenaza con no refrendar el compromiso, y a Varela le llueven críticas en los medios y las redes sociales por la violación a la seguridad jurídica y el secretismo con que ha manejado el tema.

Expertos consideran que Genisa podría sacarle mucho provecho económico al Estado panameño, ya sea aceptando el acuerdo o demandando al país, debido a la forma errónea como el gobierno de Varela ha llevado la situación.

Sostienen que el Gobierno también podría estar prometiendo una salida al problema a la dirigencia indígena, sin contar con la aprobación de la empresa concesionaria.

Para el experto Pastor Cabrera, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), una salida habría podido ser la expropiación del proyecto a la concesionaria y pagarle su indemnización.

"La solución encontrada no es la más satisfactoria", indicó Cabrera.

Destacó que lo cierto es que se quita la administración a un empresario, sin que medie la compensación financiera y quizás lo mejor hubiera sido "te quito la concesión, pero te pago la indemnización".

El proyecto de Barro Blanco fue concesionado mediante una subasta pública internacional en el año 2007 como parte del Plan de Desarrollo Energético de Panamá.

La hidroeléctrica tuvo una inversión de 130 millones de dólares, con capacidad instalada de 28.56 Megavatios (MW).

Para el experto Cabrera, este es un proyecto de mediano a pequeño y no es el que va hacer la diferencia dentro de la matriz energética, tomando en cuenta que en el país hay más de 2,000 megavatios instalados, por lo que el proyecto representaría tan solo 1% de este total.

Mucho secretismo

La poca transparencia en el manejo de la información en cuanto a la firma del acuerdo con los indígenas ha sido cuestionado por diferentes sectores del país.

El expresidente de Apede Roberto Troncoso señaló que el Gobierno debe dar a conocer públicamente el acuerdo con los indígenas y Genisa, los puntos que dieron lugar al mismo, ya que existen "agujeros negros" al no conocer exactamente qué fue lo que dio lugar a este malentendido.

"Por transparencia y en cierta forma, como parte de rendición de cuenta, debe dar a conocer lo que realmente sucedió, ya que pareciera que hay una violación a la seguridad jurídica o a la concesión dada", dijo.

"Hay contradicciones, ya que se habla de una carta de los abogados de Genisa que autorizaron nombrar a un encargado del proyecto", dijo.

Indicó que le llamó la atención las palabras del presidente Juan Carlos Varela que "ellos (la empresa) no estaban de acuerdo, pero dieron su anuencia o consentimiento".

Sin embargo, la empresa mediante un comunicado señaló que no es parte del acuerdo.

Genisa manifestó su profunda preocupación ante ciertas cláusulas contenidas en el acuerdo que vulneran y menoscaban sus derechos.

"Estos son los hoyos oscuros que no se sabe exactamente qué fue lo que pasó en la negociación", afirmó Troncoso.

En el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los indígenas se destaca que Genisa será reemplazada en las operaciones del proyecto hidroeléctrico por un tercero independiente.

Además establece que las acciones de Genisa serán traspasadas a un fideicomiso que mantendrá la custodia de las mismas, en garantía del repago de los préstamos otorgados por los bancos multilaterales.

El Banco Nacional de Panamá será nombrado como fiduciario de este fideicomiso y será el custodio de aprenda de todos los activos del proyecto, según detalla el acuerdo en su cuarto punto.

Sin embargo, dicho acuerdo debe ser ratificado por el Congreso General, cuyo presidente, Demesio Cases, manifestó que dicho acuerdo no será ratificado porque el mismo es ilegal.

Indicó que es ilegal, ya que, inicialmente, era el Congreso el que debió haber tenido participación como autoridad y facultad para abordar el tema y no la cacica Silvia Carrera.

"Las cosas no se hicieron bien, aquí la cacica Carrera es una autoridad administrativa y no competente para firmar un acuerdo en cuanto a este tema, ahora quieren que se avale el mismo, pues no lo vamos hacer, no por ahora iremos primero a un Congreso extraordinario para tocar dicho tema que realmente no es bien visto por la población Ngäbe", señaló Cases.

El presidente del Congreso explicó que dicho Congreso extraordinario se realizará del 15 al 18 de octubre donde se ha convocado a los 280 delegados en el sector de Altos de Jesús en Ñürüm en la comarca Ngäbe-Buglé donde el tema será abordado.

Para los delegados del Congreso, desde un inicio la participación de ellos era importante incluso al punto de ser necesario un referéndum.

Ricardo Miranda, dirigente del Movimiento 10 de Abril, señaló que ya se coordinan las acciones a tomar a nivel nacional, mientras grupos en Pacora, Aguadulce y Gualaquita ya han iniciado los cierres de calle en rechazo del acuerdo.