Constituyente, otra promesa incumplida de JC. Varela
- Yessika Valdés/yvaldes@epasa.com/@kasseyv

Han pasado 28 meses desde que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, prometió cambios a la Constitución Política de Panamá, una de las promesas de campaña que ha dejado de lado por considerar que no hay los consensos y el ambiente necesario.
En el 2014, cuando asumió el poder, aseguró que su principal obra sería "dejar una democracia funcional al servicio del pueblo" a través de una convocatoria a una asamblea constituyente paralela.
No obstante, en el 2015 el discurso cambió, y afirmó que no existía la suficiente coordinación entre las fuerzas políticas y la sociedad civil ni eran visibles los avances de los diálogos convocados por el Gobierno.
"Reconozco la necesidad de hacer cambios constitucionales, y hace 1 año (2014) me comprometí a hacer un anuncio el día de hoy sobre el tema de la constituyente. Sin embargo, siento que no es el momento", dijo en el 2015 el mandatario ante el pleno de la Asamblea.
Ahora en el 2016, expresó que retomará la propuesta de reformar la Constitución; sin embargo, no ha revelado el método para lograr los cambios que exigen diferentes sectores del país.
El punto 9 del plan de gobierno de la alianza 'El Pueblo Primero' establece la convocatoria a una asamblea constituyente paralela, dentro de los primeros dos años de gobierno, para fortalecer la separación de poderes, impulsar la descentralización del poder público y garantizar el desarrollo sostenible con equidad.
Viejo documento
La Constitución actual data de 1972, cuando el país era controlado por un régimen militar liderado por el extinto general Omar Torrijos. Varias reformas se hicieron desde entonces, y la más reciente es la de 2004, bajo el gobierno del entonces presidente electo Martín Torrijos. Esas reformas tocaron aspectos de los tres Órganos del Estado. Una de las propuestas fue establecer el mecanismo de una asamblea constituyente para futuras reformas a la Carta Magna, también limitar el número de legisladores hasta 71.'
2004
fue la última vez que se hizo una reforma a la Carta Magna.
44
años de vigencia tiene la actual Constitución Política de Panamá. Fue aprobada el 11 de octubre de 1972.
El texto original de la Constitución de 1972 ha sido reformado en cuatro ocasiones. La primera fue por los Actos Reformatorios de 1978; la segunda, por el Acto Constitucional de 1983; la tercera por los Actos Legislativos N.° 1 de 1993 y N.° 2 de 1994, y la última, por el Acto Legislativo N.° 1 de 2004.
Panamá ha contado con cuatro constituciones a lo largo de su historia: la primera fue de 1904, este primer texto se promulgó en febrero de 1904 y se inspiró en la Constitución colombiana de 1886. La de 1941, la de 1946 y la de 1972.
La Carta Magna de Panamá es la más antigua de Hispanoamérica, precedida únicamente por la de México (1917), Costa Rica (1949) y Uruguay (1967).
Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, los cambios que se han dado en los últimos 44 años a nivel mundial y nacional exigen que nosotros nos demos una nueva Carta Magna que esté a tono con las nuevas situaciones que vivimos.
"La Constitución no aguanta un parche más. Las pretensiones reformistas o de emparchar la Constitución que tiene el Gobierno acompañado por algunas voces no van a encontrar cabida en el pueblo panameño porque la población se está dando cuenta de que requerimos un cambio de verdad", expresó Bernal.
A juicio del jurista, hoy por hoy la necesidad de un proceso constituyente más que una necesidad es una urgencia.
"Quienes están en el poder (político o económico) no van a querer que haya un proceso constituyente porque van a tener que ceder gotas de poder, y por eso prefieren seguir emparchando la Constitución, pero hay que recordarles que el mundo ha cambiado", agregó.
Por su parte, el exvicepresidente Arturo Vallarino coincide con Bernal en que se debe hacer una nueva Carta Magna.
"El régimen presidencialista que controla todos los Órganos del Estado realmente se ha convertido en un régimen autoritario, por lo tanto, creo que se debe actualizar y preferiblemente hacer una nueva porque hasta en la Constitución de 1946 había mejores normas que las que aparecen en 1972, que sabemos que fue aprobada en pleno régimen militar y a la cual se le han colocado parches", argumentó.
En 2011 se convocó la Comisión de Notables, quienes tenían la responsabilidad de crear el paquete de reformas a la Constitución, las que fueron entregadas al Ejecutivo. Dichos paquetes no fueron aprobados.
Bernal propone que a través de un proceso constituyente y participativo se puede cambiar la Carta Magna.
"Un proceso constituyente lleva una fase de debate de qué país queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos y con quién lo queremos, además de una Asamblea Nacional que debata los proyectos que sean propuestos durante los meses previos y que todos nos sintamos cómodos con la Constitución que tiene que ser para todos", manifestó.
Vallarino señala que el método de reformas como se han hecho son para situaciones coyunturales, pero no es el caso que tenemos en este momento, por lo que toda la sociedad estaría de acuerdo con que se hagan cambios importantes, de lo contrario vamos a seguir teniendo la experiencia en todos los gobiernos.
Los juristas consultados concuerdan en que se deben hacer cambios en el mecanismo de control para evitar el presidencialismo, tener una mayor participación ciudadana, que el Órgano Judicial sea más independiente, crear una sala o corte constitucional que se encargue del tema de los derechos humanos, que los diputados de la Asamblea Nacional no puedan ser reelegidos, que no haya revocatoria de mandato o si hay, que sea por causas serias, cambiar la forma en que se seleccionan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas.
El exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado plantea que hay muchas cosas en la Constitución que merecen ser atendidas y probablemente modificadas.
"Es importante que la ciudadanía participe de estos cambios porque, al final, la Constitución es la expresión de lo que la población considera que debe ser sus reglas", señaló el jurista.
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