Contralor se niega a explicar sobre conflicto de intereses

Pese a que prometió transparencia en su gestión, el contralor Federico Humbert se negó, por segunda ocasión, a explicar las inconsistencias e irregularidades en la negativa del refrendo a una empresa a la cual estuvo vinculado y su suspicaz separación de la directiva de esta.

Frente a cuestionamientos de sectores de la sociedad civil e interrogantes de Panamá América, voceros de Humbert en la Contraloría dijeron a este medio que el contralor no brindaría ninguna declaración.

Humbert le negó el refrendo al contrato directo firmado entre el Programa de Ayuda Nacional (PAN) y Panamá Trucking Corporation por $327 mil 185.25, empresa en la cual figuró como presidente hasta el 24 de noviembre de 2014.

Sin embargo, Panamá América encontró inconsistencias en las dos notas emitidas por Humbert para negar el refrendo y en el proceso de separación del funcionario de la directiva de Panamá Trucking.

La primera nota, enviada el 16 de marzo pasado, tiene el recibido oficial del PAN el 9 de abril, 25 días después.

Pero esa misma nota tiene otra fecha de recibo, ocho días antes, el 1 de abril, firmada por una funcionaria que suscribe también la nota inicial.

Humbert envió otra nota, el 27 de abril, un día después de que Panamá América lo cuestionara por su vinculación con la empresa, reiterando la negativa del refrendo, que parece no haber llegado al PAN porque no tiene sello oficial de recibido. Mientras la primera nota tiene dos fechas, la segunda no presenta ninguna.

Otra irregularidad tiene que ver con la fecha en que Humbert se desvinculó de Panamá Trucking, el 24 de noviembre de 2014.

En el Registro Público, Humbert logró inscribir en tiempo récord de una hora con 19 minutos la escritura pública en la cual renuncia como presidente de la junta directiva.

Esta inscripción se tramitó sin que en el Registro Público se evidencie el pago de la “prelación”, que es el derecho que cancelan ($250) los interesados para que sus trámites se hagan de forma expedita, lo que se hace en no menos de 24 horas.

Luego del envío de un cuestionario y de varias llamadas a la Contraloría, los voceros de Humbert se negaron a dar su versión.

Vía telefónica, la directora de prensa de la Contraloría, Vilma Figueroa, optó por esquivar las preguntas.

La falta de disposición del contralor para esclarecer las anomalías antes señaladas contradicen el discurso que ofreció el pasado 26 de noviembre de 2014, cuando fue ratificado por los diputados.

Ante el Pleno, expresó: “Nuestra nación atraviesa hoy por una coyuntura histórica que reclama de sus ciudadanos, funcionarios y no funcionarios, la responsabilidad de actuar y escrutar actuaciones con la mayor honestidad, transparencia, justicia, eficiencia y probidad”.

Dos días antes de sus declaraciones ante el pleno de la Asamblea Nacional, Humbert inscribió en el Registro Público su renuncia a Panamá Trucking.

La diligencia legal también ocurrió un día antes de que el PAN hiciera la contratación directa con Panamá Trucking. La empresa gestionó el proyecto, pero no fue hasta el 16 de marzo y 27 de abril que la Contraloría negó el refrendo.

En la ratificación del cargo, Humbert insistió en que “inmensa será la responsabilidad de la Contraloría General y sus gestiones durante el próximo quinquenio para lograr recuperar dicha fe y confianza, pues su credibilidad es clave para el fortalecimiento de la democracia y la justicia en nuestro país”.

La diligencia casi expedita de Humbert para desvincularse de la empresa ocasionó dudas.

El abogado Silvio Guerra recordó que el Registro Público está congestionado con un sinnúmero de trámites como titulación de tierras, cambios de juntas directivas, asamblea general de accionistas, reformas de estatutos del pacto social de una sociedad, propiedad horizontal y todo lo que tiene que ver con gravámenes, hipotecas, secuestros y embargos.

“El que quiere algo de hoy para mañana debe pagar. Se altera el orden de prelación y es un orden preferente por encima de todos que es prácticamente de un día. Hay situaciones que cuando llegan en la tarde, pueden suceder en tres o cuatro horas”, precisó.

El tiempo mínimo para ejecutar un trámite, según los tramitadores, es con suerte, de varias horas, pero no en un mínimo de una hora como ocurrió con el cambio de junta directiva de Panamá Trucking.

Sobre el inicio de operación de la empresa sin que antes la Contraloría firmara el refrendo, Guerra destacó que es una práctica indeseable a la que hay que ponerle un freno administrativo. “Si no tiene el refrendo, ¿porqué inicia?”, cuestionó.

“Hay excepciones, por ejemplo, la inexistencia de otras empresas, que no debe ser la regla, sino la excepción. El conflicto de interés lo podrías encontrar en diferentes situaciones”, concluyó el abogado.

Mientras, el economista Juan Jované cuestionó el proceder del contralor.

“La actitud que debió tomar es retirar la empresa de la entrega de ese producto desde el principio, porque de hecho era evidente que era parte de esa empresa y cuando se estuvo negociando, allí estaba”, dijo.

“Para mí, la posición ética debió ser ‘no hago la entrega ni participo’ porque de hecho era evidente que después lo tenía que refrendar. Después se dio cuenta y prefirió no refrendarlo”, dijo.

Más allá del proceder que debió adoptar el contralor días antes de que fuera ratificado en el cargo, Jované duda de “que no haya vínculos con la empresa, eso no es cierto, porque formalmente lo estuvo hasta el 24 de noviembre. Dos días antes que lo ratificaran”.

Jované agregó que sería bueno buscar en el Registro Público porque no debería aparecer en ninguna empresa, y por lo menos hasta ayer –el pasado jueves– aparecía como presidente del fondo general de acciones del Banco General.

Las reglas deberían ser que un contralor o jefe de finanzas no debe estar en la junta directiva de ninguna empresa, enfatizó Jované.

Para el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, el Estado debe velar porque sus prácticas sean estrictamente apegadas a la ley vigente.

“Lo que se tiene que regular es el proceso de selección; es lo más saludable para el Estado, porque el ganador puede ejecutarlo (el contrato) en el momento correspondiente sin que se preste a duda. La regulación es para que desaparezcan las dudas”, dijo.

“Es interesante saber si entran a servir o a beneficiarse de su condición (los funcionarios). Esos límites deben ser establecidos en una regulación específica”, planteó.

Twitter

En las redes sociales se cuestionó la posición del Movimiento de Independientes por Panamá.

• @panamatrans30: Increíble como este grupo que dice representar a la sociedad civil se preste para defender una sinvergüenzura.
• @RUBENRIVIERA: Estos grupos de sociedad civil son corruptos. Todos nombrados en el Gobierno.
• @titoelnegro507: Por eso es que el pueblo no cree en movimientos pagados por el Gobierno, siempre van a salir a defender lo indefendible.
• @pamelarobles4: Pataleo de ahogado. Humbert trató de borrar sus huellas en este negociado. Evidente.
• @edunar54: Y quién no sabe para qué lado tira Movin. Actuar de Movin en caso de Federico Humbert crea suspicacia.
• @HurtadoVirgilio: Movin y Soc. Civil, alguien conocerá las diferencias, ambos colocados hoy a defensa del Gobierno. Argumentos de clases, aun no gusten, afloran.
• @frenadeso: La ficha de Movin en la Contraloría y financiador Federico Humbert, en grandes negocios con el Gobierno.