Delincuentes no temen a las condenas altas

El aumento de las penas en Panamá, con el objetivo de frenar los delitos, no ha hecho mucho efecto, pero ya son varias las personas que purgan penas de cárcel altas que superan los 20 años que fue el tope durante varios años, pero en el 2007 aumentó por casos de homicidio agravado.

Félix Santamaría Montenegro, Gustavo Miguel Paz Ibarguen, Yoni Ibamia Dumasa, Keyla Gisselle Bendibú Salazar, Mario Luis Vega y los dominicanos Alcides Méndez y Gilberto Ventura Ceballo, tienen en común que cumplen 50 años de prisión.

El caso que más impactó a la sociedad panameña tuvo como protagonista principal a Gilberto Ventura Ceballo, quien en complicidad con su compatriota Alcides Méndez y de los panameños Keyla Gisselle Bendibú Salazar, Mario Luis Vega, acabó con la vida de cinco jóvenes de ascendencia asiática en el sector de El Trapichito de La Chorrera.

Félix Santamaría fue condenado a 50 años de prisión en el 2015, por violación carnal, robo agravado contra seis mujeres de entre 20 y 30 años de edad, para lo que utilizaba un arma blanca y atacaba a sus víctimas premeditadamente en horas de la madrugada cuando se dirigían a sus trabajos.

Por su parte, Gustavo Miguel Paz Ibarguen paga la misma cantidad de años por los delitos de homicidio simple consumado a una menor de 5 años (SAS) y por tentativa de homicidio y robo agravado en perjuicio de Yulisa Santamaría, madre de la menor de edad.

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Paz Ibarguen se metió una madrugada, para robar y abusar de Yulisa Santamaría, en su vivienda en el sector 5 de La Paz del corregimiento Arnulfo Arias, en San Miguelito, y en el forcejeo de la madre con el agresor, la niña fue apuñalada por el agresor.

El ciudadano Yoni Ibamia Dumasa también forma parte de este pequeño grupo de personas que purgan 50 años de prisión. Dumasa paga tras las rejas por haber cometido el delito de homicidio agravado en perjuicio de cuatro miembros de una familia en Darién.

El prenombrado asesinó a un hombre, su hija y dos nietos, por este caso el Segundo Tribunal Superior de Justicia le impuso una condena de 20 años por cada crimen lo que sumaba 80 años de cárcel, pero se fundamentó en el artículo 50 del Código Penal que establece 50 años de prisión como la pena máxima.

El hecho de sangre conocido como "La Masacre de Darién", se registró el 22 de junio de 2015 cuando las víctimas estaban en su casa ubicada en Sucurti, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana, y fueron atacadas por Dumasa y un adolescente.

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Por otro lado el pasado 18 de julio de 2018, un tribunal sentenció al venezolano Jonathan Fernando Caballero y al colombiano Enrique Prieto Mendivill, también a 50 años, por los delitos de femicidio y secuestro de la universitaria de 18 años de edad Darla Sanjur Santamaría.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en una calle del corregimiento de Río Abajo, amordazada y sin signos vitales.

Para el investigador social Gilberto Toro, ni la pena de muerte logra persuadir a los delincuentes de cometer asesinatos atroces "el reto que tienen las autoridades es trabajar en la prevención, no en la primera ni en la segunda etapa, sino en la tercera que comprende a los detenidos en las cárceles. Hay que buscar cambiarles la mentalidad y que al salir puedan integrarse a la sociedad de forma productiva".

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"Las condenas altas, lejos de ser una medida ejemplar, se convierten en un reto para los delincuentes que están en las calles. Eso demuestra que el crimen, no duerme, no descansa y aprovecha el menor descuido de las autoridades para atacar", aseguró Toro.

Para el investigador, los delincuentes conocen también cómo actúan las autoridades y saben que cuando cometen un delito, pueden intentar escaparse porque la policía no les va a disparar para matarlos.

Los enfrentamientos a tiros entre delincuentes y la policía van en aumento, lo que demuestra que no tienen respeto ni miedo a las autoridades.