Director del PAN admite que fraccionaron compras

El director del Programa de Ayuda Nacional, Rafael Stanziola, reconoció que se han fraccionado compras directas por millones de dólares entre 2014 y 2015.

Mientras, el abogado de un grupo de empresas que intentó contratar con el PAN reiteró que la institución hace contrataciones directas sin invitar a consorcios que llevan años prestándole servicios al Estado, lo que podría beneficiar a determinados empresarios.

Stanziola también admitió que recibió mercancías sin que el contrato de compra haya sido refrendado por la Contraloría General.

El director del PAN trató de justificar las compras y los contratos durante la administración de Juan Carlos Varela, pero tuvo que aceptar en Telemetro que se utilizan prácticas administrativas por las cuales están detenidos varios exfuncionarios.

Mientras, el comunicado de los empresarios que intentaron venderle servicios al PAN contradice a Stanziola, quien manifestó que se invitó a todas las empresas a que presentaran sus cotizaciones para que participaran en varios proyectos que tiene la institución.

Con este argumento, Stanziola trató de negar que haya favoritismo hacia algunas empresas vinculadas al gobierno de Varela.

El PAN ha otorgado contratos directos de equipos pesados y mantenimiento a la empresa Royal Construction, por más de $20 millones para el proyecto Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda.

Además, ha adjudicado cinco contratos a la empresa Airco S.A. para el suministro de retroexcavadoras, uno de ellos por $217 mil 10 y otros tres por $147 mil 569 cada uno.

Esta empresa está vinculada a Pedro Vallarino, quien funge como miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros en la actual administración y amigo personal del presidente Juan Carlos Varela.

Empresas protestan

En el comunicado, un grupo de empresarios protestó por la forma como se adjudicaron los contratos y señalaron que "no publicaron ninguna licitación ni nos permitieron participar" del proceso de escogencia.

En el documento, firmado por empresas como Comercial de Motores S.A., Cardoze y Lindo, Equipos Coanco S.A., Empresas Melo S.A., Copama, Tesa Transportes y Equipos S.A., se denunció que tampoco se ha "cumplido con los procesos adecuados de contratación pública y transparencia para beneficiar a una empresa en perjuicio de la libre competencia".

Ante esto, el director del PAN solo argumentó que "las solicitudes o adquisiciones de estas empresas se daban en el 2014, cuando el Gobierno no tenía la planificación para llevar a cabo el programa Techos del Miviot".

Agregó que, según se iban abriendo las ofertas de trabajo, el PAN iba haciendo la solicitud de equipos y de materiales para hacer las compras.

Fiscalización nula

Esta situación ha despertado críticas y repudio generalizado por la ausencia de justificación para que se hayan otorgado varios millones en contratos directos, sin pasar por los refrendos de la Contraloría General.

Para la economista Maribel Gordón, las actuales autoridades fiscalizadoras, que están llamadas a ejercer acciones de adecentamiento, "están más bien en las mismas prácticas que antes criticaban, demostrando a la población que en este país no se vela por el buen uso de los recursos del Estado", afirmó.

Agregó que tampoco se está haciendo una gestión presupuestaria para atender las necesidades prioritarias y sociales del pueblo.

"Desde el Programa de Ayuda Nacional y desde otras instancias, la actual gestión parece conducida precisamente a beneficiar a sectores vinculados al Gobierno", concluyó Gordón.

El propio director Stanziola reconoció que se debieron adelantar las compras y contratos sin tener el refrendo de la Contraloría.

El futuro encargado de la Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, afirmó que algunas de las empresas dejaron de cotizar, pero igual se les tomó en cuenta. "Tengo las cartas y las notas de cuando se les invitó, y se les advirtió que se comprarían varias piezas", dijo.

No obstante, en su nota de protesta, las empresas distribuidoras de maquinarias afirman estar sorprendidas por las afirmaciones del Gobierno de que todas sus contrataciones han sido por licitación pública y con partición abierta.