Demandarán a exfiscales del caso Panama Papers

El abogado Basilio González anunció que varios juristas, entre ellos Marcela Araúz, preparan una demanda contra varios fiscales que participaron en la investigación relacionada con el caso Panama Papers, al considerar que durante el proceso se habrían producido actuaciones contrarias al derecho.

La acción será presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y busca determinar las responsabilidades que, según los abogados, correspondan por las actuaciones realizadas durante la investigación y por los daños que estas habrían ocasionado a los investigados.

González explicó que en la investigación participaron seis fiscales, pero señaló que la acción podría dirigirse inicialmente contra Ricauter González, quien fue destituido; Isis Soto, quien renunció al Ministerio Público; y Rómulo Bethancourt, quien todavía labora en esa institución, además de quienes resulten responsables de las actuaciones cuestionadas.

El abogado sostuvo que la demanda parte de la posición de la defensa de que la investigación no estableció la existencia de un delito relacionado con la constitución y administración de sociedades anónimas, una actividad que, afirmó, se encontraba amparada por la legislación panameña.

En ese sentido, González citó la Ley 2 de 2011, específicamente el artículo 17, que establece determinadas condiciones de exención de responsabilidad para los agentes residentes. A su juicio, estas disposiciones debieron ser consideradas por los fiscales que participaron en el proceso.

El jurista también cuestionó el impacto que tuvo la investigación sobre los abogados y las personas vinculadas a la firma Mossack Fonseca. González indicó que alrededor de 30 personas fueron detenidas durante las investigaciones y posteriormente obtuvieron medidas de excarcelación.

Entre las consecuencias que atribuye al proceso, mencionó la pérdida de operaciones de la firma y el impacto sobre cientos de trabajadores. González afirmó que Mossack Fonseca llegó a tener una importante cartera de sociedades bajo su administración y que el cierre de sus operaciones produjo consecuencias que, en su opinión, trascendieron a las personas directamente investigadas.

600

personas que laboraban en la firma Mossack Fonseca quedaron sin empleo.

 

99%

de los trabajadores les cerraron sus cuentas bancarias y no han logrado abrirlas.

 

El abogado señaló además que la situación tuvo repercusiones para la economía panameña, debido al movimiento que generaba el negocio de servicios corporativos y al pago de trámites vinculados con las sociedades anónimas. Aseguró que el Estado también dejó de percibir ingresos asociados a esta actividad.

Caraballo

Otro de los elementos que González pretende incorporar a sus cuestionamientos es el manejo de las comunicaciones obtenidas durante la investigación.

González indicó que Javier Caraballo, que en ese momento era fiscal, fue quien inició la investigación de este caso.

El jurista manifestó que cuando intervinieron en la firma Mossack Fonseca, algunas conversaciones fueron grabadas sin autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así quedó demostrado dentro del expediente; por lo tanto, no solo violaron la Constitución y la Ley, sino que cometieron delitos.

Finalmente, señaló que las actuaciones cuestionadas no solo habrían tenido consecuencias procesales, sino que también habrían generado daños morales, reputacionales, económicos y personales para quienes fueron objeto de la investigación. En su opinión, las autoridades debieron defender la imagen del país.