Esclavitud sexual en los prostíbulos

Dentro de los 26 burdeles que tienen permiso para operar en la ciudad capital, además de voces seductoras, hay testimonios que dejan al descubierto crueles reglas que determinan, literalmente, hasta el color del lapiz labial que deben usar.

Así lo evidencia un informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que hizo público los vejámenes que padecen las mujeres dedicadas al sexo servicio en los prostíbulos panameños.

Entre las crueles reglas, según se lee en el documento de la OIM, está la que denominan “carne fresca”, que consiste en movilizar de un lugar a otro a las alternadoras. “Las llevan de un establecimiento a otro, cada 30 días, con la excusa de brindarle ‘variedad a los clientes’”, detalla el boletín.

Pero esta práctica tiene otro fin, explica Roberto Moreno, fiscal contra el crimen organizado.

“Es para evitar que los visitantes obtengan información que pueda ser usada en contra de los dueños de estos comercios, se blindan”, dice.

Moreno también expresó que han detectado que las mujeres que son víctimas de trata con fines sexuales, aparte de sufrir abusos inhumanos y económicos dentro de esos sitios, además son obligadas a participar en orgías, luego de sus horas de trabajo.

“A estas las esconden en sitios estratégicos para evitar el contacto con las autoridades”, sostiene Moreno.

El citado informe también pone en relieve la imposición de multas y sanciones, por parte del explotador, contra las mujeres que viven dentro de los burdeles.

Dulce Ana, del movimiento Mujeres con Dignidad y Derechos en Panamá (MDDP), que laboró por más de 15 años en burdeles, contó que solo por el hecho de llegar tarde al puesto de trabajo las multan con 100 dólares.

“Nos penalizan si nos pillan hablando por celular, por no ir a trabajar aunque estemos enfermas o por no llevar pintalabios”, narra.

El horario de trabajo de una alternadora empieza a las 6:30 p.m., hora en la que ya hay clientes ebrios, esperando los “shows”. Su jornada culmina a las 4:00 a.m.

Otra regla obligatoria que deben cumplir es acostarse con 100 hombres por quincena; a la que en ese periodo no lo logre, se le descuentan 200 dólares el día de pago. “La primera semana, justo después de la quincena, nos debemos haber acostado con 60 hombres, y la semana siguiente, la cuota debe ser de 40 para llegar a la meta de 100”.

Igual cuota en venta de bebidas o licor debe aportar cada alternadora al local en el que trabaje, si quiere evitar otro descuento quincenal de 200 dólares.

Tras una visita a media docena de burdeles donde se llevan a cabo estas prácticas esclavizantes, según el informe de la OIM, se pudo comprobar que el mínimo de mujeres que allí trabajan es de 20; el máximo de 50, dependiendo del tamaño del local.

Empero, el precio por tener sexo varía según el área donde operen. Por ejemplo, un prostíbulo de la avenida Central cobra 16 dólares a quien solicite el servicio. De ese dinero, 10 son para el propietario y 6 para la alternadora. En San Felipe (El Terraplén) se cobra $20 por ‘subida’; 12 son para el establecimiento y 8 para las mujeres.

En cambio, dentro de uno de los denominados burdeles de prestigio, como los que se ubican en áreas de San Francisco, Bella Vista o El Dorado, el cliente paga de 90 a 100 dólares; 30 son para la chica y el resto es para el establecimiento.

¿Quién las defiende?

Sherly, una “prepago” colombiana de 26 años que deambula por las noches en la vía Veneto, afirma que la mayoría de las mujeres que llegan desde Colombia, lo hacen sabiendo lo que les espera. Sin embargo, cuenta que en los contratos que firman con los dueños de los locales, “no se establecen las multas que nos aplican casi a diario”.

Para la exdiputada Teresita Yanis de Arias, a este tema “se le presta muy poca atención porque la sociedad tiene la idea de que por el hecho de vender su cuerpo, son objetos, o que no son iguales a las demás mujeres”.

En la Defensoría del Pueblo existe la Unidad de VIH que atiende a la población vulnerable de contraer el virus del sida, dice la directora de esa dependencia, Edith Tristán. Allí se han atendido 6 casos en los últimos tres años, pero de alternadoras de la calle.

Tristán señaló, además, que en el último quinquenio 10 trabajadoras sexuales independientes han sido asesinadas y que poco ha hecho la justicia para investigar.

Por trabajar en la calle, cuenta Tristán, los abusos contra estas mujeres son peores a los que sufren las que trabajan en los burdeles. “Aquí se trató el caso de un grupo de mujeres que se prostituían en Santa Ana y denunciaron que la policía y los corregidores abusaban con el monto de la multa administrativa que les imponían, tras ser atrapadas en operativos. Las obligan a hacer sexo oral y les roban el dinero de su trabajo”, opinó Tristán.

A juicio del abogado penalista Silvio Guerra, no se puede afirmar que en Panamá la prostitución es patrocinada por las autoridades, porque hay normas que de una u otra forma la penalizan. “Se combate de manera indirecta con otros mecanismos, como las penas por el delito de proxenetismo, se castiga al que trae extranjeras para esclavizarlas en el comercio sexual”, asiente.

Desde el punto de vista legal, la norma parece algo contradictoria porque por un lado se penaliza a las prostitutas callejeras, pero al mismo tiempo, las autoridades les dan el aval a las extranjeras que soliciten un permiso especial denominado ‘Visa de Trabajadora de Espectáculos’, otorgado por el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Y es que según el artículo 18 del Decreto Ley 16 del 30 de junio de 1960, las visas para alternadoras son expedidas por esa institución. Son los dueños de los locales que poseen el permiso de operación, otorgado por el Minsa, la Alcaldía y en última instancia por la Gobernación del área correspondiente, quienes solicitan este tipo de visa. Todo propietario de burdel tiene que pagar 350 dólares al fisco por cada visa solicitada.

En tanto que la alternadora debe contar con un contrato de trabajo, copia de pasaporte, pasaje pago de entrada y de salida válido por un año, aparte de un certificado de salud. Cada visa durará un año y si esta quiere renovarla, tendrá que salir del país y esperar cinco meses para volver a hacer el trámite.

Este medio intentó, a través de un correo electrónico, conocer cuántas visas de este tipo se han expedido durante esta administración, pero el SNM no respondió nuestra solicitud.