Faltó transparencia en las negociaciones del Gobierno

La absorción de la empresa Transporte Masivo de Panamá (TMPSA) por parte del Estado y lo que en dinero eso representa, $260.9 millones, generó más dudas que satisfacción entre los sectores de la sociedad, toda vez que tampoco se da garantía de cuándo se logre la integración del sistema de transporte, promesa de campaña del presidente Juan Carlos Varela.

El resultado de los detalles revelados de esa transacción con TMPSA fue poco transparente. En lo que respecta para el exdirector de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) Carlos Harris, el Gobierno Nacional frente al país no actuó con transparencia.

Resulta para Harris que ahora la población se encuentra frente a la situación de una empresa norteamericana, First Transit, con mucha experiencia -lo cual no duda- que asumirá el manejo de la empresa estatal del sistema.

Pero lo cuestionable a su juicio es que al no darse una licitación queda la interrogante sobre la forma como se contrató. ¿De dónde salió?, ¿quién la contactó? y ¿cuál fue el detalle de esa transacción? son preguntas sin respuestas.

El abogado, quien no se equivocó en pronosticar que Mi Bus o TMPSA estaba condenada al fracaso, dijo que en relación con esa compra no se sabe exactamente cuál es la deuda que tiene la empresa, a quién le debe y cuál es la condición de sus activos.

"En todos lados se cuecen habas", profirió Harris, de manera que le solicita al Gobierno que se muestre con todas las cartas abiertas acerca de todos los números y detalles de esa transacción.

Además, deben explicar cómo First Transit fue escogida, y si no hay contratos entre otras empresas locales, porque su percepción es de que alguien se está beneficiando con esto o hay un negociado, al asumir una deuda tan grande y pagar a TMPSA.'

Las cifras

$49.7 millones pagará el Estado en dos desembolsos a Fanalca y Felgate Enterprises.

$195 millones pagaderos en hasta 7 años, los cuales se anticipa se pagarán con el flujo operativo.

"A la nueva empresa que administrará el metrobús se le contrata sin licitación y no pone ni un centavo. Las obligaciones las asume el Estado", tuiteó Arturo Vallarino.

Otra que mostró preocupación por la manera como el Gobierno negoció con Fanalca y Felgate Enterprises, empresas que integran a TMPSA, fue la abogada Mariela Ledezma, para quien el anuncio de que el Gobierno adquiere Mi Bus y la operación de transporte, le dejó muchas dudas ni cómo encontrar las respuestas.

Maribel Cuervo de Paredes se preguntó en su Twitter: ¿Por qué Varela paga con $ de quienes sí pagamos impuestos, indemnización a trabajadores, si Mi Bus es una empresa privada? ¿Por qué cuida el bolsillo de los accionistas?

La periodista hacía alusión a que Felgate Enterprises tiene entre sus directivos a Guillermo Hene Motta, Fernando Morales Arias, Berta Acoca de Patton.

Cerca de $3 millones anuales es lo que recibirá First Transit por ser el gerente administrador de la operación del metrobús, donde no solo se adquirirá su conocimiento sino que también se incluye el recurso humano para sus funciones.

No obstante, el ministro Roberto Roy, presidente y director del Metro de Panamá S.A. (MPSA), ha dicho que esta compañía es de capital inglés y norteamericano.

En mora

En tanto, cuatro meses tomará la transición con First Transit, en este periodo se dará la transferencia de información entre operadores actuales y los administradores nuevos.

Después de esto vendría el proceso de estabilización para poder dejar el sistema andando perfectamente.

Aunque no se ha dado fecha precisa para que este panorama se empiece a observar, de acuerdo al tiempo en que se espera concluir la compra de Mi Bus, en seis meses, esto hace suponer que en marzo de 2016 se debe apreciar una mejor administración del sistema de transporte.

La vida útil de las unidades es otro tema cuestionado, por el estado físico que presentan. El diputado suplente Miguel Martínez recordó que lo que se está adquiriendo requiere reemplazo pronto, por lo que el Estado tendrá que invertir muchos millones más en reemplazo de la flota.

Martínez sostiene que la deuda del préstamo de la flota que se adquiere tiene cinco años y habría que ver de cuánto tiempo era el financiamiento, porque esta deuda no se ha amortiguado y puede estar debiéndose arriba de 160 millones de dólares.

Olvidaron a los usuarios

Un tema no menos importante y que se obvió en toda esa negociación con Fanalca y Felgate Enterprises es que no se han tomado en cuenta los reclamos civiles que tiene la empresa por accidentes que, al final el Estado tendrá que hacerse responsable, recordó el diputado suplente.

Kadir Sheffer, representante ante la ATTT de los usuarios, mostró suma preocupación como se ha dado todo este proceso, recordando que ni siquiera fueron tomados en cuenta, siendo los principales.

Una muestra de esto es que hay usuarios que quedaron con alguna discapacidad producto de accidentes en metrobuses, procesos que están en las fiscalías correspondientes, y que ahora resulta no recibirán ni un centavo de esa transacción.

Coincide con el vocero de los usuarios, el abogado Víctor Martínez, quien ha presentado tres demandas civiles por casos como estos y conoce de muchas otras.

Le resulta penoso que a estas personas no se les haya tomado en cuenta y ni siquiera se ha visto decir a ninguna autoridad que se les van a reconocer sus derechos de recibir una indemnización.

"Lo que existe y prevalece es el interés de los que están metidos en este negocio a expensas de los usuarios, a los que se les violó ese derecho y van a salir crucificados con lo que se está haciendo por segunda vez", puntualizó.

Todo lo que ha resultado con la compra de Mi Bus es visto por Sheffer como que la empresa se sacó la lotería, considerando que más del 40% de la flota está fuera de servicio, porque no se le dio mantenimiento y desde un principio la concesionaria presentó fallas y nunca fue capaz de brindar un buen servicio.

Al final, se quiere una integración del sistema de transporte, pero a Martínez le preocupa que no se haya definido el tema de las rutas internas, la forma cómo se interrelacionarán con el transporte masivo gubernamental, ya que estas son operadas por prestatarias con derechos reconocidos por las leyes que rigen esta materia y de la misma manera como se vela por la seguridad jurídica de los extranjeros, se debe respetar para los panameños también.

Al respecto, el Gobierno explicó que el negocio de alimentación del sistema se quiere hacer con los múltiples operadores que existen, para que todos se beneficien.

Mientras, Magaly Castillo posteó en su Twitter: "Deberían darse consultas ciudadanas o foros públicos cuando se van a tomar este tipo de decisiones".