Gobierno de Varela, sin moral para ser sede de cita anticorrupción
La corrupción rampante que asocia al Gobierno central con empresarios allegados, y que ha vuelto a quedar en evidencia tras denuncias de economistas internacionales, debería ser suficiente causal para descalificar a Panamá como sede de un importante congreso anticorrupción en diciembre.
Se trata de la décima séptima Conferencia Internacional Anti Corrupción (IACC 2016), para cuya organización el Gobierno aprobó en junio pasado un traslado de partida por 1 millón de dólares.
Dicho traslado fue diligenciado por Angélica Maytín, directora general de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
El costo total del evento será de 1.9 millón de dólares, con fondos que provendrán del Ministerio de la Presidencia.
"Este es un gasto inútil, que contrasta con una corrupción que está muy compenetrada en la sociedad y en el Gobierno", manifestó Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción de Panamá.
Relató que le tocó ver un congreso anticorrupción en Lima, Perú, que fue muy criticado al ser convocado por el entonces presidente Alberto Fujimori y por su polémico asesor Vladimiro Montesinos.
Igual reacción -dijo- podría causar la celebración de un congreso anticorrupción en el Istmo.
Esto debido a la maltrecha imagen del país, tras el escándalo de los papeles de Panamá, que ahora suma una nueva exposición negativa con las revelaciones de "falta de transparencia" en el Gobierno, denunciadas por los economistas internacionales Joseph Stiglitz y Mark Pieth.
Tiro por la culataEstas dos reconocidas figuras en temas de economía y lucha contra la corrupción han causado revuelo internacional con su renuncia de una comisión promovida por el gobierno de Varela.
Esta iniciativa había sido publicitada por Panamá para limpiar una aporreada imagen, tras la filtración masiva de documentos de la firma Mossack Fonseca, que evidenció miles de empresas offshore e involucró a medio mundo.
Y ahora un giro inesperado deja a nuestro país, otra vez, mal parado.
En abril pasado, Varela y su Gabinete presentaban con bombos y platillos un "comité independiente" integrado por siete expertos y liderado por el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz para diagnosticar el neurálgico sistema financiero del país y detectar vulnerabilidades, a fin de aplicar correcciones.
Cuatro meses después, y tras un silencio informativo casi total, Stiglitz sorprendió al hacer pública su renuncia, acusando al Gobierno de censurar los informes del grupo.
El economista Juan Jované se mostró indignado de que el gobierno de Varela haya traído a un grupo de expertos para demostrarle al mundo que aquí las cosas se están haciendo mal, "y ahora ese mismo grupo confirma que -en efecto- hay corrupción".
Y agregó que esta es otra "mala señal" de un gobierno salpicado por una seguidilla de recientes casos de corrupción sin resolver.
Tales como las denuncias de malversación de fondos en el Miviot, Tocumen S.A., Meduca, entre otras entidades estatales.