Las últimos datos oficiales, indican un total de 1,217 niños niñas y adolescentes albergados, 165 con discapacidad, 298 mestizos, 482 son indígenas, latinos 99, afrodescendientes 93, otras etnias 245.
El Ministerio Público inspeccionó 57 albergues a nivel nacional, y realizaron entrevistas a más de 600 niños, niñas y adolescentes que vivían o habían vivido en estos centros.
El propósito es que el internamiento en centros de cuidado institucional (albergues) sea la última opción, solo aplicable en aquellos casos donde no exista otra alternativa y que esto sea por un tiempo limitado, explicó Victoria Ward, directora regional para Save the Children en América Latina y el Caribe.
El proyecto de ley 120, que subroga la Ley 46 de 2013 sobre adopciones en Panamá ya fue adaptada en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia para adecuar reservas del Ejecutivo.
El proyecto de ley 567, aprobado en segundo debate, sobre el sistema de protección a los derechos de los menores, dispone la responsabilidad de la entidad para entregar un informe anual sobre la condición de los niños recluidos en esos lugares.
La titular de la cartera del Mides, María Inés Castillo, apuntó que para el nuevo modelo de albergues se encuentra la capacitación, adaptación a la infraestructura, revisión de políticas y procesos y articulación con programas de los diferentes ministerios para brindar atención integral.
Como consecuencia de éste hallazgo se remitieron las copias correspondientes del informe al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El Defensor del Pueblo pidió al Ministerio Público y al Órgano Judicial que las investigaciones lleguen hasta lo último y se castigue a quienes perpetraron estos abusos contra menores en riesgo social.
Sara Rodríguez, bajo cuya administración se dieron supuestos abusos contra menores recluidos en albergues que deben ser fiscalizados por la Senniaf, compareció este martes ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional.
En Panamá al igual que en el resto de la Región y el mundo, mujeres y adolescentes enfrentan la pobreza menstrual, que no es más que el limitado y hasta nulo acceso a productos menstruales.
