La moratoria concede un periodo de seis meses a los contribuyentes para realizar el pago sobre los intereses y recargos causados por el impuesto de inmuebles y obligaciones de las cuotas de la Caja de Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, se debe cumplir con la disciplina fiscal sin alterarla, lo que sería muy positivo par el país porque traería una evalación positiva y de no hacerlo la calificación sería a la baja.

La iniciativa legislativa, de corte social, tiene efecto retroactivo por seis meses, del 1 de enero al 30 de junio de 2019.

Un comunicado de la Asamblea Nacional destaca que Javier Linares, representante de la Dirección General de Ingresos (DGI), dijo no estar de acuerdo con una nueva moratoria.

Uno de los cambios que se hizo en el proyecto de ley es que se nombrarán a jueces tributarios, quienes analizarán las faltas y además serán nombrados por el Ministro de Economía y Finanzas.

De acuerdo con la mayoría de las exposiciones, la normativa urge de una reforma integral para tranquilidad de los contribuyentes.

El economista David Saied manifestó que duda que ese monto fuera incluido en el presupuesto para la vigencia fiscal 2019, pero a la vez se pregunta de dónde se va a sacar el dinero.

La medida se aplica para todos los contribuyentes que tengan plazo para pagar hasta el 31 de diciembre de 2018, sin recargos ni intereses, incluyendo pagos, arreglos de pago con o sin la Ley de Moratoria y recepción de declararaciones de impuestos o de tributos administrados por la DGI.

Para los contribuyentes que deseen actualizar su vivienda, deben llevar a la Anati sus escrituras debidamente apostilladas, pero quienes ya cuentan con sus terrenos actualizados pueden pasar directamente a la Dirección General de Ingresos a ejecutar sus impuestos.