El imputado fue aprehendido en la provincia de Chiriquí por su presunta vinculación en los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2020, cuando unidades policiales dan con el hallazgo de un cadáver.
Durante la diligencia de allanamiento y registro las autoridades ubicaron 40 paquetes rectangulares de supuesta sustancia ilícita, forrada con cinta adhesiva oculta en el doble fondo del piso del auto sedán color blanco que conducía.
El Tribunal de Garantías basó su decisión en un informe médico legal, que determinó que al momento de la revisión médica se mantenía estable dentro de las patologías que lo aquejan y no hay variación en las circunstancias, lo que permite mantener la medida cautelar personal de detención provisional que pesa sobre el imputado.
La juez de garantías, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, basó su decisión de aplicar la medida cautelar personal de detención provisional, al considerarla necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a los riesgos procesales tales como: peligro de fuga y desatención al proceso.
La fiscal Minoshka Machado confirmó este sábado que cuando a Carlos Arturo Serrano se le impuso la sentencia de libertad vigilada, se le asignó realizar trabajos en una junta comunal desde el 18 de junio de 2019, sin embargo, en el transcurso de los meses se conoció que no cumplió con este beneficio.
El ciudadano extranjero, que hoy es investigado, permanecerá detenido en la cárcel de varones ubicada en el corregimiento de Chiriquí, en el distrito de David.
En el ataque criminal del pasado 9 de diciembre murieron Arturo Moreno y Joel Hooker, mientras que una tercera persona resultó herida, luego que varios hombres hicieron detonaciones con armas de fuego en el área del Cementito (Río Alejandro).
Los aprehendidos y las evidencias fueron puestos a órdenes del Ministerio Público de la sub regional de Bugaba, y se espera que en las próximas horas sean presentados ante un juez de garantías para sustentar los elementos de convicción que los vinculan con el presunto delito.
La jueza Ana González destacó que la medida cautelar de reporte periódico es la más idónea y proporcional debido a la naturaleza del delito cometido.
En representación del Ministerio Público, participó el Fiscal Marvin Vargas; mientras que por la Defensa Técnica Particular estuvo el abogado Abdiel Sánchez y por la Defensa Pública, la abogada Ángela Frías.
En este acto de audiencia el Ministerio Público, estuvo representado por la Fiscal Leyda Sáens, mientras que la Defensa Técnica Particular, la ejercieron los Licenciados Cristian Lara, Juan Carlos Rojas, Nicolás Brea, Daniel Ramírez, Genarino Rosas, Gustavo Pereira, la Licenciada Tania Castillo y la Defensora Pública Maybe Palma.
La fiscal de Drogas, Delfina Pino, solicitó al Juez de Garantías la legalización de la aprehensión y la medida cautelar de detención provisional en atención a los riesgos procesales y el peligro para la sociedad ante el flagelo de las drogas, solicitudes que fueron evaluadas y concedidas por el Juez.
El sindicado está implicado en la muerte a tiros de Junin Oreste Medina, de 28 años. Este homicidio se registró la noche del 8 de diciembre del año 2020
David Medina, fiscal del Ministerio Público en esta audiencia de garantías, solicitó la legalización de la aprehensión, la imputación de cargos y la medida cautelar de detención provisional, peticiones que fueron avaladas por el Juez de Garantías.
La Juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos de los intervinientes estimó que la medida cautelar personal de detención provisional era la más cónsona al valorar la naturaleza y la gravedad del hecho, ya que se atenta contra la vida de tres personas.
La imputada es la madre del menor de dos años que perdió la vida por presunto maltrato, el pasado 13 de noviembre, según se ha podido conocer.
El venezolano trabajaba como supervisor en un lugar de hospedaje para perros, que está ubicado en el corregimiento de San Francisco.
Las unidades policiales procedieron a poner al joven de 28 años, el dinero y las sustancias ilícitas a órdenes de la Fiscalía de Drogas.
Se trata de un operativo que se desarrolló en varios países incluyendo Panamá, para poder desarticular a esta red dedicada a la explotación sexual infantil.
El hecho se suscitó el pasado 14 de octubre de 2020, cuando unidades de la Policía Nacional lograron aprehender a tres ciudadanos, en Avenida 12 de Octubre, Clayton y la provincia de Chiriquí.
