El Laboratorio de Análisis de Drogas y la mujer del césar

Cuando el Estado panameño decidió traspasar el hipódromo a control privado, bajo la figura de "concesión administrativa", lo hizo debido a la situación ruinosa de la actividad y su posible colapso. También prevalecieron las condiciones del nuevo orden económico mundial que imponían la necesidad de que los Gobiernos fueran más eficientes y, en consecuencia, recibieran buenas calificaciones para constituirse un sujeto de crédito.

A pesar de esta nueva figura administrativa, que rige nuestra hípica desde 1998, el Estado -mediante contrato- mantuvo el control sobre ciertas autoridades que componen la industria como mecanismo para cumplir su rol fiscalizador y, con ello, mantener control y conjurar los excesos en los que pudiera caer la empresa operadora.

Así, el Estado -mediante la Junta de Control de Juegos- es el responsable de nombrar al Cuerpo de Comisarios (la máxima autoridad durante los días de carreras), también designa dos de los tres miembros de la Comisión Nacional de Carreras, incluyendo a su presidente y al representante del público apostador y, quizá los más importante, se comprometió a gestionar todo lo relacionado con el Laboratorio de Análisis y Drogas.

Entre altas y bajas estuvo el sistema hasta el pasado mes de mayo, cuando la Fundación Universidad de Panamá procedió a "suspender operaciones de toma de muestras y análisis en el laboratorio... por falta de insumos y equipos dañados debido, fundamentalmente, al NO PAGO del contrato por el año 2014".

Valga explicar que la Fundación Universidad de Panamá fue contratada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para dar los servicios de laboratorio y los realizó por casi 17 años sin mayores cuestionamientos.

El abandono de las operaciones lo motivó una deuda de $350,000, que es el acumulado de 17 meses en los que no se dieron pagos por parte del MEF.

Ahora, la empresa que administra el hipódromo ha buscado una solución temporal al asunto, mediante la contratación de un químico y la puesta en funcionamiento del laboratorio debido a que este es fundamental para que el espectáculo se desarrolle de manera prístina y no se aprovechen de este impasse los avivatos.

Debemos recalcar que toda esta situación irregular es el resultado de la falta de cumplimiento del Estado.

Y, aunque la intención de la empresa pueda estar cargada por la buena fe, no deja de ser un despropósito que, con el manejo del laboratorio, se conviertan en juez y parte.

El espíritu del contrato firmado inicialmente con Equus Gaming y después con Empresa Hípica de Panamá, estuvo bien pensado. El Estado, que sigue siendo el dueño del hipódromo, está en la obligación de seguir jugando ese papel de equilibro y fiscalización de la actividad hípica. Renunciar a ese deber y derecho, por las razones que fueran, no es legal ni conveniente.

Históricamente, el Laboratorio de Análisis de Drogas ha sido una pieza sensible dentro de la actividad hípica. Ahí es donde se ponen los frenos, donde se consolida la credibilidad del espectáculo hípico y, por qué no decirlo, donde se pueden ensuciar imágenes y lavar otras.

En los corrillos hípicos hay quienes no están muy contentos con la crisis que se ha dado y reclaman que se normalice el asunto.

Desde nuestra óptica, el Estado o el Gobierno no deben renunciar y obviar su responsabilidad de fiscalizar todo lo relacionado con los juegos de suerte y azar.

Hacerlo por meras consideraciones financieras equivale a darse un tiro en el pie o, en el peor de los casos, dejar a la hípica mortalmente herida.