A la exfuncionaria y ficha clave del gobierno de Cortizo se le acusa de supuesto enriquecimiento ilícito y uso de influencias para favorecer a sus allegados
582 auditorías y pagos por más de $8 mil millones en tiempo récord son algunos de los resultados de la gestión del contralor Flores.
El escándalo apunta a un presunto pago de más de $597 mil, dinero que salió del despacho superior entre 2019 y 2024 para el pago de las cirugías bariátricas.
El ex mandatario lamentó que durante la gestión Cortizo Carrizo no se hicieran obras importantes en Panamá.
La entidad mantiene una cuenta expirada por 1,088,640 millones de dólares tras suspender los pagos del servicio de internet en 2024.
Según Outten, ambos exfuncionarios habrían entregado un abono de 2 millones de dólares para conseguir la juramentación.
La propuesta busca que se auditen los recursos y bienes públicos utilizados durante el Estado de Emergencia por la pandemia.
Esta investigación se originó por una querella presentada por el abogado Alejandro Pérez en representación de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.
Martinelli denunció con anterioridad que tiene un informe de febrero de 2024 que, según él, detalla una operación para asaltar la embajada de Nicaragua.
A pesar de las múltiples denuncias presentadas contra funcionarios de poder de la administración de Laurentino Cortizo, los avances han sido nulos.
Ha pasado más de un mes desde que se presentaron las denuncias contra Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, pero poco se sabe de los avances.
El primer llamado que hizo el mandatario fue del 25 de noviembre al 19 de diciembre de 2019, para aprobar el nombramiento de magistrados de la CSJ.
Dos de los implicados están a la espera de su juramentación como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Aseguran que este acto desvía la atención de los problemas más urgentes y envía un mensaje equivocado a los panameños, quienes piden mayor rendición de cuentas.
