Derrota para Pinochet

La justicia británica decidió ayer en Londres extraditar al ex dictador chileno Augusto Pinochet a España desatando el júbilo de sus adversarios y su inmediata reacción en un documento leído en el tribunal, que denuncia un proceso "por razones políticas" y que "viola la soberanía de Chile.
El juez Ronald Bartle acogió el conjunto de las acusaciones presentadas por el juez Baltazar Garzón a través de la Fiscalía inglesa, es decir, 34 casos de tortura y una acusación más amplia de "conspirar para torturar".
Todas las acusaciones anteriores, entre ellas, genocidio contra la izquierda, habían sido eliminadas por la justicia británica que sólo reconoció la tortura como delito extraditable en la medida en que Gran Bretaña firmó la convención contra la tortura en 1988.
Frente a las tensiones políticas que el caso Pinochet suscita, el juez Ronald Bartle precisó en su sentencia que ésta se basa "en la ley y nada más que en la ley".
Enfatizó que su decisión estuvo basada en la ley y no en prejuicios.
Bartle, de 70 años, consideró necesario aclarar que su veredicto estuvo fundamentado en la ley, tras versiones de prensa que resaltaron sus vínculos con el opositor Partido Conservador y sus escritos sobre el papel de la policía.
"Considero pertinente enfatizar que mi decisión en este caso estará basada en la ley y sólo en la ley", dijo Bartle antes de emitir su veredicto en un abarrotado tribunal del centro de Londres, agregando que "es lamentable que este punto deba ser aclarado en absoluto".
La extradición de Pinochet fue asignada a Bartle en el último minuto hace dos semanas, en lugar del primer magistrado Graham Parkinson, quien manejó la mayoría de las audiencias preliminares.
Eso provocó una ola de artículos sobre los vínculos entre Bartle y el Partido Conservador, sus decisiones anteriores de anular casos de abuso policial y su calidad de miembro de una sociedad patriótica de la que la ex primera ministra conservadora Margaret Thatcher es vicepresidenta.
El juicio de extradición -dijo- consiste en determinar "únicamente" si la demanda de extradición es o no admisible y "no decide la culpabilidad o la inocencia de Augusto Pinochet".
Las 34 acusaciones de torturas y la de "conspirar para torturar" son admisibles, estimó agregando que la tortura y la conspiración son crímenes susceptibles de extradición en Gran Bretaña y en España, lo que permite extraditar al general a Madrid.
En cuanto el juez Bartle terminó la lectura de su sentencia, el abogado defensor del general, Clive Nicholls, leyó una declaración de Pinochet que había traído en previsión de un desenlace desfavorable en Bow Street.
"Como ex presidente de la República de Chile y senador, declaro que no soy culpable de los crímenes de que se me acusa", declara Pinochet en ese documento.
"Lo que ocurrió en Chile no tiene nada que ver con España", sostiene y afirma: "Está claro desde hace largo tiempo que mi extradición está políticamente motivada y ha sido pedida por razones políticas". Agrega que "España no ha presentado ni un solo comienzo de prueba mostrando que soy culpable y además España no ha investigado correctamente los crímenes reprochados".
Mientras el abogado leía la carta de Pinochet, y éste estaba ausente porque el juez le reconoció graves problemas de salud, anti-pinochestistas salieron de la sala para anunciar la sentencia a unas 200 manifestantes, que la festejaron entusiastamente.
La defensa de Pinochet ya anunció que apelará el lunes 18 de octubre el fallo de la corte británica, dijo una radio chilena citando fuentes allegadas a la familia del militar.
Los abogados presentarán un recurso para intentar revertir el proceso de extradición, según por Radio Cooperativa.
Ahora Chile espera que la compasión prime sobre la justicia en Gran Bretaña y el ex dictador sea liberado en las próximas dos semanas por razones humanitarias, dijo ayer el gobierno.
El canciller chileno, Juan Gabriel Valdés, señaló que el gobierno entregará a Gran Bretaña informes médicos sobre un deterioro en la salud de Pinochet y afirmó que el ministro del Interior británico, Jack Straw, podría resolver sobre los argumentos humanitarios en los próximos 15 días.
"Lo que a nosotros nos interesa es que sobre la base del examen de esa situación el gobierno británico proceda a adoptar la decisión de retornar a Chile al general Pinochet", declaró.
"Nos parecería extraordinariamente acertado si se tomara esta decisión durante estos 15 días", agregó el ministro.
"La opinión que recibimos de los (abogados) nuestros es que efectivamente en el período en que no haya apelación puede hacer una intervención (de Straw) y hay otros momentos posteriores en que puede haber intervención", afirmó Valdés.
Mientras los opositores al general en Chile y en España manifestaron su alegría al conocer la decisión de la justicia británica de extraditar al ex dictador, acogida por los defensores de los derechos humanos como una etapa fundamental de su combate.
"¡Estamos contentos!", exclamó Viviana Díaz, presidenta de la Asociación de Padres y amigos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura en Chile, de 1973 a 1990.
Las familias de los desaparecidos, que cantaban y bailaban la noche de la víspera, manifestaron de nuevo su alegría en la mañana de ayer.
En la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, al mismo tiempo, unos 50 exiliados chilenos, acompañados de militantes españoles pro Derechos Humanos, acogieron la noticia del veredicto con gritos de "¡Pinochet, extradición!", "¡Pinochet, asesino!", "¡Justicia, sí, genocidio, no!".
Los representantes en Madrid de la "Coordinación contra la Impunidad" no dudaron en calificar la decisión de la justicia británica de "histórica" porque "estableció un importante precedente jurídico, para que, conformemente a las leyes y tratados en vigencia, sean perseguidos, arrestados o juzgados todos los que, sin importar sus funciones, estén implicados en violaciones de los Derechos Humanos".
Todos los partidos de izquierda españoles manifestaron su satisfacción. La decisión de los jueces británicos "llena de alegría a los demócratas de todo el mundo", estimó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Las organizaciones de defensa de Derechos Humanos expresaron también su satisfacción.
La sentencia "representa una nueva etapa importante en un caso notable que hizo entrar los Derechos Humanos en una nueva era", opinó Amnistía Internacional.
Mary Robinson, comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, saludó también la decisión de la justicia británica, en la que vio "un signo de esperanza para los que se esfuerzan en conseguir justicia para las víctimas".
"El mensaje está claro: los que cometen, ordenan o toleran la tortura no pueden ya estar seguros de disfrutar de una jubilación tranquila", afirmó.
Entre los seguidores del dictador chileno, por el contrario, reunidos en los locales de la Fundación Augusto Pinochet, en el este de Santiago, la noticia provocó lágrimas y una profunda decepción. Pinochet, detenido en Londres hace un año, rechazó, en un comunicado, las acusaciones de tortura que se le imputan y opinó que la demanda de extradición era "una violación de la soberanía de Chile".
"Lo que pasó en Chile no tiene nada que ver con España. Está claro desde hace tiempo que mi extradición tiene una motivación política", añadió el general, que cumplirá 84 años en noviembre y que no estuvo presente en la enunciación del juicio.
El gobierno argentino cuestionó y calificó ayer de "absurdo" el fallo de un juez británico, mientras que las Madres de Plaza de Mayo, que busca el esclarecimiento de los desaparecidos argentinos, y el Servicio de Paz y Justicia, que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, manifestaron su conformidad con el fallo. Los principales líderes de la oposición política, en cambio, prefirieron el silencio y no manifestaron su opinión.
Con la extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet la justicia británica ha reconocido que las desapariciones son un crimen que no prescribe pues representan un "acto continuo de tortura", afirmó ayer el capítulo estadounidense de Amnesty Internacional (AI-USA).
El fallo británico "envía un mensaje a potenciales violadores de los derechos humanos, de que nadie está por encima de la ley, y que quienes cometan crímenes contra la humanidad tendrán que dar cuenta de sus acciones".
Carlos Salinas, responsable de América Latina en AI-USA, lanzó por su parte un llamado al gobierno de Chile "para que reconozca la profunda importancia de este dictamen, y cese todos sus esfuerzos por lograr la liberación de Pinochet basándose en razones humanitarias".