DGI anunció secuestros de cuentas y bienes a los contribuyentes morosos

Luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, cuestionara la baja recaudación, la Dirección General de Ingresos (DGI) anunció secuestros de cuentas y bienes mediante jurisdicción coactiva a contribuyentes que mantienen morosidad en el pago de impuestos con el Estado.

Son unos 286 millones de dólares de morosidad y unos 8,724 expedientes de los que adeudan, que son empresas jurídicas y personas naturales, indicaron autoridades de la DGI.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas acumuló otros 900 expedientes que alcanzan la suma de 200 millones de dólares por lesión patrimonial.

Esto se debe a que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la DGI, busca reactivar la recaudación coactiva, dándole un impulso al Departamento de Jurisdicción Coactiva que anteriormente formaba parte de Cobranzas del Istmo.

Luis Óscar Pittí, juez coordinador designado de la DGI, dijo que estos expedientes involucran deudas en bancos, Caja de Seguro Social, Registro Público, Autoridad del Tránsito, municipios, cooperativas y demás, que en algunos casos tenían más de siete y ocho años que no pagaban.

La falta de una cultura tributaria evidencia la alta morosidad existente entre los contribuyentes naturales y jurídicos, sostuvo.

Informó que la diligencia por cobro coactivo establece el secuestro de bienes como: autos, casas y cuentas bancarias, lo que obliga a los contribuyentes a acercarse a la Dirección de Ingresos a realizar arreglos de pagos que implican un recargo del 20%.

A la fecha, se han expedido unos 3 mil 800 oficios de secuestros de un gran total de 5 mil 938.

La institución notificó que la información fue recabada mediante un operativo que se realizó en toda la ciudad donde se hicieron los oficios de secuestro a los bancos.

Para ello, la DGI envía documentos a los bancos ordenando que se les secuestre la cuenta. Por ejemplo, si el deudor debe 2,000 dólares cuando vaya al banco no tendrá dinero disponible porque lo tiene secuestrado, lo que requerirá que haga un arreglo de pago con la institución.

De acuerdo con Pittí, los deudores tendrán todas las oportunidades, ya que se les aplicará el debido proceso, el Código Fiscal y el Código Judicial, luego de esto la persona puede acercarse con sus abogados para que la DGI les atienda.