Arbitrajes por concesiones relacionadas con materias primas han generado costos fiscales

Experiencias en Ecuador y Venezuela muestran que durante los gobiernos en que se nacionalizaron algunas petroleras, se realizaron arbitrajes que llevaron años y en repetidos casos se juzgó en contra de los países. Aunque usualmente este tipo de arbitraje culmina con fallos que procuran responsabilidad equitativa para las partes, sí se da un costo fiscal si el arbitraje llega a una resolución, explicó Esteban Tamayo, economista para Centroamérica y países andinos de CITI.

“Esto no es algo que esté solicitado la minera en Panamá, pero sí resultaría en un monto considerable en el aspecto fiscal. La mejor solución es llegar a un acuerdo que no sea vía arbitraje desde el punto de vista del país” dijo durante el CITI Economic Outlook 2025.

Encuentra que luego de las condiciones en que se desarrollaron las manifestaciones de la población respecto al establecimiento de un nuevo contrato entre la empresa y el Estado resulta difícil para el Ejecutivo recomunicar a la población que la mina es un motor de crecimiento importante y que su impacto ambiental es limitado. 

“Ya la mina había hecho mucho en temas de reforestación y control ambiental para que su impacto fuera mitigado por otros canales” indicó.

Tamayo señaló que un estudio que hicieron especialistas en ‘commodities’ (materia prima) de la organización indica que el impacto sobre el medio ambiente de la transición energética y lo que implica para la minería en cuanto a metales que son necesarios para transmisión como el cobre, pero también metales para almacenamiento como el litio, en el largo plazo, es mucho más beneficioso para el medio ambiente que no desarrollar una actividad minera hoy, y mantener la generación vía combustibles fósiles.

“Tener esta visión de largo plazo es algo que es muy difícil de comunicar a la población”, recalcó el economista.

Otras experiencias Tamayo indicó que el caso más puntual sobre minería de cobre y protestas en la región es Perú "Perú vive en protestas por la minería alrededor de los proyectos, son muchos proyectos con inversiones extranjeras amplias". 

Estas son minas que como en Panamá esperaron 20 años para llegar a producir. Estos son inversionistas que entieden que las protestas son una manifestación usual en torno a esta actividad. 

Dijo que en Perú, el gobierno media entre quienes protestan y la mina, se da una resolución en cada caso puntual, y la mina sigue operando. "Allí el temas es que hay una historia de muchos años de minería como motor de crecimiento y la población entiende".

Como otro caso se refirió al de Chile, cuando hace unos años el litio se llegó a perfilar como un metal relevante para las exportaciones de commodities de Suramérica. Chile tiene considerables depósitos de litio, pero la presión de grupos ambientales llevó al gobierno a decidir la nacionalización de las reservas y a que toda extracción debería ser una operación público-privada, con ello Argentina logró llegar a exportar más este metal que Chile. "Ese crecimiento potencial que tuvo Chile, se perdió", advirtió.

Hoy han surgido nuevas tecnologías de almacenamiento de energía que han hecho que el litio no sea ya un metal tan representativo.

En Panamá, la actual administración ha comunicado que revisará el próximo año el caso del proyecto Cobre Panamá que cerró luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión para su explotación en noviembre de 2023.