Hernández sobre secuestro a Carrasquilla: 'El tiempo de Dios es perfecto'

Tras conocerse que la Contraloría General de la República emitió su primera medida precautoria de secuestro de bienes contra el perredista Héctor Valdés Carrasquilla por $285,845.82, la actual alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, colgó en sus redes sociales una fotografía de un encuentro entre ambos durante el periodo de transición con el texto: “El tiempo de Dios es perfecto”.

Aunque la alcaldesa no ahondó en el tema, la publicación se hizo minutos después de la noticia, por lo que se presume que sería su reacción a la acción ejecutada por la Contraloría.

Carrasquilla, por su parte, no ha emitido ningún comentario al respecto.

Cabe recordar que desde que Hernández tomó posesión del cargo ha denunciado múltiples inconsistencias de la pasada administración que van desde la creación de presuntos programas para realizar “pagos ilegales” hasta la retención indebida de cuotas del Seguro Social y falta de pago a acreedores.

La funcionaria, en ese momento, reiteró que seguiría fiscalizando los movimientos financieros de gestiones anteriores a fin de que las autoridades puedan iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar a los responsables de los delitos cometidos, ya que estos perjudican el desarrollo de programas en el distrito.

 El secuestro contra Carrasquilla incluye la retención preventiva de bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias por supuestas irregularidades encontradas en el manejo de los fondos del Municipio durante los meses de marzo y abril de 2022.

“La investigación determinó una incorrecta administración de los ingresos percibidos por la institución durante ese periodo”, resalta la entidad fiscalizadora de los recursos públicos.

En el caso también estarían involucrados: Sulay Linares, Gelacio González y Pedro Perea, exfuncionarios públicos a los que se les ordenó la misma medida, según establece la ley No. 32 de 1984.

La entidad subrayó que su objetivo es salvaguardar los intereses nacionales y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos estatales, asegurándose de que sean recuperados en caso de comprobarse responsabilidad administrativa o penal.

Las investigaciones del Ministerio Público y la Contraloría continuarán su curso hasta dar con la confirmación de los hechos; mientras tanto, la incautación de bienes a los involucrados se mantendrá.