Cobre Panamá realiza segunda jornada de retiro voluntario
El programa especial de retiro voluntario incluirá el pago de vacaciones acumuladas, decimotercer mes acumulado, prima de antigüedad.
Instalaciones de Cobre Panamá. Foto: Víctor Arosemena
La empresa Cobre Panamá convocó a más de 1,500 colaboradores a participar en la segunda sesión de su programa especial de retiro voluntario, en Penonomé, provincia de Coclé.
Este programa fue anunciado inicialmente el año pasado a raíz del cese de operaciones en la mina y la solicitud del Ministro de Comercio e Industrias (MICI) de detener todas las actividades productivas en Cobre Panamá.
De acuerdo con la empresa, la Unión de Trabajadores de Cobre Panamá (Utramipa), sindicato de trabajadores mayoritario, también ha participado en la sesión tras la firma de un acuerdo para abrir este programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo.
Se explicó que esta opción consiste en un mutuo acuerdo, que incluye el pago de todo el dinero que legalmente se adeuda, manifestando el apoyo de la empresa a los más de 2,900 colaboradores que se han acogido a este llamado de retiro voluntario hasta la fecha.
También se detalló que el programa especial de retiro voluntario incluirá el pago de todos los montos establecidos por la legislación laboral panameña, los cuales son: vacaciones acumuladas, decimotercer mes acumulado, prima de antigüedad y el 100% de la indemnización correspondiente, según dicta el Artículo 225 del Código de Trabajo.
Aproximadamente 1,400 colaboradores de Cobre Panamá continuarán desempeñando sus funciones en tareas de preservación y gestión segura (no operacionales), fundamentales para implementar medidas de estabilidad ambiental e integridad de activos para un manejo ambiental responsable del sitio.
En días pasados, se realizó una inspección técnica en las instalaciones de la mina por parte de la Comisión Fiscalizadora Intergubernamental, coordinada por MICI.
Durante la inspección, se mostraron los mecanismos implementados para realizar las arduas tareas de preservación y gestión segura de las condiciones ecológicas y ambientales, así como de las áreas, infraestructuras e instalaciones del sitio de la mina.
En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá.
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