Panamá
El administrador de Anati considera que de reformarse las leyes sobre titulaciones se debería limitar la discrecionalidad que tiene para decidir en estos casos.
La actual administración de Anati está en camino de llegar a los 6,000 títulos entregados a familias. Archivo
Aunque no forma parte de su agenda, Andrés Pagés Chanis, administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) considera viable que se reformen las leyes que tienen que ver con esta materia.
No obstante, piensa que si las actuales legislaciones se aplicaran como es debido, el sistema también funcionaría.
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"Si se aplica lo que tenemos de una manera ética, aquí no habría tantos escándalos de tierra", expresó la autoridad.
Las titulaciones de tierras se rigen mediante tres leyes.
Hace una semana, la diputada Janine Prado, de Vamos, presentó un anteproyecto para modificar la Ley 24 de 2006, sobre titulaciones masivas.
¿Qué cambios se podrían hacer?
A juicio de Pagés, se le podrían hacer algunos ajustes en cuanto a las facultades que tiene el administrador de realizar o decretar áreas de adjudicación masiva, como la manera en que se dan en la actualidad.'
Mediante la Ley 80 de 2009, se regula el reconocimiento de los derechos posesorios y la titulación de predios en las zonas costeras y el territorio insular.En tanto, la Ley 37 regula la titulación de tierras para actividades agrícolas.
La Ley 24 de 2006 tiene que ver con las titulaciones masivas, disposición que ha generado polémica por el 'juega vivo' de algunos políticos.
Antes de que se creara Anati, en el año 2010, las titulaciones de tierras eran manejadas por Catastro, que estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas; Reforma Agraria y otras instituciones del Estado.
"De repente, quitarle facultades porque, al final, el beneficiario te va a decir, 'pero tú me lo titulaste, tú fuiste el que decretó el área, ¿yo qué culpa tengo?'", dijo.
La recomendación sería no darle tanto margen de discreción al administrador en las áreas que otorga.
El administrador de Anati reiteró que la ley como está funciona, pero si hay que hacerle algunos ajustes para evitar a futuro, situaciones que no son éticas.
Pagés detalló que se contactó con la diputada que presentó la iniciativa y le comunicó que como institución le gustaría temas como el catastro multifinalitario, que impulsará con la digitalización de la entidad que dirige.
"Como se puede aplicar y lo que representa para el Estado", comentó.
El funcionario aclaró que en este tipo de titulación en los que los residentes ocupan terrenos nacionales, no se les está vendiendo la tierra, sino reconociéndole el derecho que tienen por el tiempo que llevan de ocupar las tierras.
El problema, acotó, es cuando llegan otras personas con intereses ocultos y se aprovechan de las titulaciones masivas a los precios que establece el Estado, aspecto que es lo que se debe corregir.
Y es que el 'juega vivo' se observa hasta en las titulaciones en áreas agrícolas, donde personas con solo tomar una foto a una vaca, por ejemplo, intentan demostrar que tienen derecho sobre esas tierras y que las utilizan para fines agropecuarios.
Anati se creó en 2010, para que se ocupara de todo lo relacionado a titulaciones, que antes las autorizaban varias entidades.
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