Ejecutivo implementará ajuste presupuestario por 1,900 millones de dólares

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 57-25 que establece un conjunto de medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto público con el objetivo de reestructurar el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025.

La decisión, sustentada en las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley del Presupuesto General del Estado, responde a un escenario fiscal donde los ingresos disponibles son inferiores al total de los gastos autorizados.

Según explicó el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, se adoptará un plan de ajuste que contempla una reducción de hasta 1,900 millones dólares, distribuidos entre gastos de funcionamiento e inversión. Del total, B/.426.5 millones corresponden a funcionamiento y B/.1,473.5 millones a inversión.

“El objetivo es garantizar una política fiscal prudente y sostenible, respetando el límite máximo de déficit fiscal permitido para este año, que es del 4% del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero”, puntualizó Chapman.

La mayor parte del recorte afecta al Gobierno Central, con una disminución de $1,536 millones, seguida de las instituciones descentralizadas (B/.298.8 millones), los intermediarios financieros (B/.36.5 millones)  y las empresas públicas (B/.28.7 millones).

Las medidas serán implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con las entidades públicas correspondientes, quienes deberán realizar las modificaciones presupuestarias necesarias. La resolución del Gabinete será enviada a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República y a otras instancias competentes.

Chapman reiteró que la contención del gasto es una medida necesaria para preservar la estabilidad fiscal del país ante una disminución proyectada en los ingresos del Estado, subrayando que el Gobierno mantiene el compromiso de ejecutar políticas responsables que aseguren el desarrollo económico y el cumplimiento de las metas sociales.

Los ajustes salariales automáticos han crecido a un ritmo superior al de los ingresos públicos, al gasto general del gobierno y a la inflación. En el último año, han representado un costo fiscal de 324 millones de dólares, además que otros gastos rígidos ascendieron a $1,282 millones. 

En los últimos cinco años, el impacto acumulado de los aumentos salariales automáticos ha alcanzado los $1,381 millones. De mantenerse esta tendencia, sin una revisión normativa que limite los incrementos automáticos, se proyecta que el costo acumulado de estas disposiciones podría superar los $10,000 millones hacia el año 2030, comprometiendo gravemente la sostenibilidad fiscal del país.

Al buscar una solución al desbalance fiscal, se ha priorizado no afectar a sectores de ingresos medios y bajos del país, atendidos con subsidios primordialmente al hogar, como la tarifa al consumo eléctrico, gas de cocinar, programa 120 a los 65, red de oportunidades, becas, subsidio al transporte, interés preferencial para adquisición de viviendas para la familia panameña, entre otros.