En México, todo se trata de él

Desde 2003, la institución bautizada con el aburrido nombre de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, ha subastado autos y propiedades decomisados por el gobierno de México, principalmente, a narcotraficantes y evasores fiscales. El SAE solía dividir lo obtenido entre la policía, el poder judicial y el servicio de salud. Desde que asumió la presidencia el 1 de diciembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha animado las cosas. Ahora se refiere al SAE como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En junio, destinó 1,3 millones de dólares de una subasta de bienes adquiridos de manera ilícita a dos poblaciones indígenas pobres en el sureño estado de Oaxaca. En una conferencia de prensa televisada, el mandatario entregó los cheques, con sumas enormes, a sus alcaldes.

El hecho resume mucho sobre la presidencia de López Obrador, a quien llaman AMLO. Demuestra su dedicación a combatir la corrupción, su talento para el teatro político, su indiferencia por las instituciones y su creencia en la virtud de las personas ordinarias, entre las cuales se cuenta a sí mismo.

“Para simular de que se combatía la corrupción”, dijo en la entrega de los cheques, los gobiernos pasados “crearon muchísimas normas”. Las dos afortunadas poblaciones podrán invertir el dinero como lo deseen, sin supervisión. “El pueblo de México es un pueblo honesto”, dijo el presidente. “La corrupción se da arriba, no se da de abajo hacia arriba”.

Su popular método para combatir la corrupción está funcionando a su favor. En una época en la que los ciudadanos de América Latina se rebelan contra sus líderes, AMLO tiene un nivel de aprobación de casi el 60 por ciento.

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Tiene razón para preocuparse por la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por la organización Transparencia Internacional, México comparte el lugar 138 con Rusia en una lista de 180 países. Las duras críticas de AMLO contra la corrupción en el gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto le ayudaron a ganar con una victoria aplastante en la elección presidencial de 2018. Para AMLO, la corrupción no solo es uno de los mayores problemas de México sino, de manera práctica, su único problema. Al erradicarla, la pobreza y los delitos se acabarían. Los funcionarios de Hacienda honestos recaudarían tanto dinero que las dolorosas reformas fiscales serían innecesarias. La furia contra la corrupción amalgama a la diversa coalición de AMLO, que reúne desde activistas de izquierda hasta evangélicos. Todos creen en su incorruptibilidad. Él redujo su salario a la mitad, trabaja jornadas de dieciséis horas y viaja en vuelos comerciales.

No obstante, el instituto de los bienes robados revela las fallas en la política anticorrupción de AMLO. En vez de construir instituciones que combatan la corrupción, se ofrece a sí mismo como el principal encargado de combatirla. Lo peor es que, según afirman sus críticos, usa la campaña para debilitar a las instituciones y a los oponentes. Ataca los delitos de sus críticos e ignora los de sus aliados. Aunque no demuestra ser tentado por las riquezas, AMLO sí tiene ambición por el poder. El enfoque de su gobierno al combate a la corrupción es el equivalente a encender fuegos artificiales para iluminar, en lugar de construir una red eléctrica, dijo la columnista Denise Dresser.

Durante la presidencia plagada de escándalos de Peña Nieto, los encargados de combatir la corrupción enfrentaron represalias, pero también lograron avances. Periodistas y organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas financiadas por adinerados hombres de negocios, revelaron los mayores escándalos, incluida la compra por parte de la primera dama de una casa a una compañía constructora que tenía contratos con el gobierno.

Capitalizaron la indignación para formar un movimiento con el fin de crear “un sistema para atrapar los escándalos”, dijo el activista Max Kaiser. Alrededor de seiscientos mil ciudadanos firmaron una petición para obligar a los políticos a presentar su declaración patrimonial y de conflictos de interés. Se convirtió en ley. El Congreso estableció un "sistema anticorrupción" que creó nuevas agencias y tenía el objetivo de fortalecer a las existentes. Otra ley impulsó la independencia de la fiscalía general. El gobierno de Peña Nieto hizo todo lo posible para evitar implementar la mayoría de las reformas.

Las ONG que defendieron esos cambios tenían la esperanza de que AMLO los llevara a buen término, pero ha demostrado ser un enemigo, no un aliado. El presidente de izquierda considera a los grupos financiados por los empresarios como agentes del "neoliberalismo". Se refiere a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización no gubernamental respaldada por empresarios, como Mexicanos a Favor de la Corrupción. En parte, simplemente se trata de AMLO acaparando los reflectores, pero también muestra su rechazo a la tesis de las ONG de que la clave para reducir la corrupción es impulsar a las instituciones y cambiar los incentivos.

“El ánimo en el movimiento es muy pesimista”, dijo un activista.

Durante el gobierno de AMLO, el sistema anticorrupción no ha hecho ningún progreso, afirman sus creadores. Las ONG han presentado una acción de inconstitucionalidad contra la designación de la fiscala anticorrupción, basándose en que es demasiado cercana al mandatario. La fiscalía, recién modificada, ha mantenido su personal anterior y su estructura organizacional.

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AMLO prefiere actuar a discreción y no obedecer las reglas. Como presidente electo, prometió no seguir los pasos de sus predecesores en procesar a algunos malhechores de alto perfil del gobierno previo, pero al parecer cambió su forma de pensar. Su gobierno ha arrestado, por ejemplo, a Rosario Robles, una secretaria de Estado durante el gobierno de Peña Nieto que está acusada de robar 5000 millones de pesos (unos 260 millones de dólares). AMLO propone, de manera extraña, realizar un referendo sobre si se debe investigar a Peña Nieto y a otros expresidentes por corrupción.

Los críticos del gobierno son tratados de manera menos gentil. En febrero, Guillermo García Alcocer, el entonces titular de la Comisión Reguladora de Energía, se quejó de que el gobierno había designado funcionarios no calificados para su agencia. Días después, procuradores iniciaron una investigación sobre sospechas de conflictos de interés. García renunció.

Incluso más preocupante es el caso de Eduardo Medina Mora, un ministro de la Suprema Corte al que AMLO desde hace tiempo le ha guardado rencor. El ministro renunció en octubre después de que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno lo acusara de lavado de dinero. Luego aparecieron reportes de que cuentas bancarias pertenecientes al ministro y a sus hermanos se congelaron horas antes de su renuncia, y luego fueron activadas en los días posteriores.

Esos casos crean un ambiente de miedo y disidencia. Una nueva ley permite al gobierno encarcelar a sospechosos de evasión de impuestos antes de ser juzgados, lo que le da otra herramienta para intimidar a sus críticos.

A los amigos de AMLO parece irles mejor. Por ejemplo, Manuel Bartlett, un aliado que dirige la Comisión Federal de Electricidad. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad afirma que no declaró un interés en dos decenas de propiedades con un valor de 41 millones de dólares registradas a nombre de personas cercanas a él. AMLO calificó las acusaciones como “periodismo al servicio de los conservadores”.

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Cuatro quintas partes de los contratos del gobierno no son adjudicados a través de licitaciones transparentes. Muchos contratos para construir los proyectos insignia de AMLO son adjudicados sin un proceso de presentación de propuestas. El gobierno afirma que lo hace así por seguridad nacional.

Hasta el momento, el gobierno de AMLO, como la mayoría de los gobiernos cuando comienzan, ha generado pocos escándalos de corrupción. A medida que estallan las rivalidades, tienden a surgir historias de malversación. El próximo año, un informe del auditor federal sobre gasto gubernamental mejorará o afectará su reputación de rectitud. El manejo de la investigación sobre Bartlett podría mostrar si tomará en serio las acusaciones hechas en contra de los funcionarios leales a AMLO.

Es probable que nada de esto cambie el enfoque del mandatario hacia la corrupción. Él prefiere entregar enormes cheques en vez de fortalecer los pesos y contrapesos.