Estado vs. Minera Panamá: ¿Qué plantean juristas en Panamá?

La empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) inició un arbitraje internacional contra Panamá por el cese de la mina Cobre Panamá, luego que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró la inconstitucionalidad del contrato renegociado entre el Estado panameño y su filial Minera Panamá S.A. 

First Quantum Minerals (FQM) anunció un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje en Miami y un arbitraje conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá, dos acciones contundentes con las cuáles asegura busca proteger los derechos adquiridos bajo el acuerdo de concesión firmado con el gobierno panameño este 2023. 

Para el abogado Roberto Ruíz Díaz con estas acciones Minera Panamá insiste en desconocer el derecho interno, insiste en imponer agendas y pretende buscar aclaraciones a situaciones que ya no son de competencia. 

"A partir del fallo su relación jurídica bilateral con el Estado Panameño desapareció", asegura el jurista. 

El pasado 27 de noviembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 del 20 de octubre del 2023. "Lo anterior significa que la referida Ley 406 queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", indicó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia,María Eugenia López.

Con relación al arbitraje interpuesto el día 29, El Estado esperará las comunicaciones pertinentes y actuará en consecuencia al mismo, señala el jurista.

Para Ruíz Díaz sería mejor buscar un interlocutor alejado del apasionamiento, que permita el proceso ordenado de cierre, que comienza con la suspensión de la extracción y el cierre temporal del puerto de punta Rincón. 

Por el momento, el Ministerio de Ambiente debiera realizar la auditoría ambiental necesaria a fin de identificar y cuantificar los daños ambientales y el Ministerio de Comercio e Industrias levantar un inventario de todos los minerales extraídos y que se encuentren en bodegas o centros de acopio, afirma el abogado Ruíz Díaz. 

Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela sostiene que Panamá debe agilizar y reforzar con los estamentos de seguridad las acciones para garantizar la no extracción de minerales luego del fallo de inconstitucionalidad del 27 de noviembre de 2023. 

Si el Gobierno hace una "mesa de cierre de mina", entre ellos, lógicamente, deben sentarse con Minera Panamá, explica el abogado y ambientalista, Harley Mitchell. 

Mitchell sostiene que si el proceso no es amplio e inclusivo de la sociedad civil, volverán a incumplir con el Acuerdo de Escazú, mencionado en el reciente fallo y será "Contrato Minero 2.0". 

El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, anunció la instalación de una mesa técnica entre el MICI, Mi Ambiente y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que evaluará acciones para acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

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