Expectativas sobre los juicios por delitos perpetrados por ejecutivos en 2020

Goldman Sachs, BMW y la legislación relativa al uso de información privilegiada: este año pinta muy interesante en lo que se refiere a delitos perpetrados por ejecutivos.

Este nuevo año promete ser muy interesante en lo que respecta a los delitos financieros cometidos por ejecutivos.

Goldman Sachs se encuentra en negociaciones con el Departamento de Justicia que podrían dar como resultado una multa de alrededor de 2000 millones de dólares por su participación en el escándalo del fondo de inversión 1Malaysia Development Berhad, conocido como 1MDB.

El fraude contable se convirtió en un tema de particular interés para el Departamento de Justicia hacia finales de 2019. En diciembre, fiscales federales presentaron cargos contra ejecutivos de Outcome Health y MiMed, y además abrieron una investigación para determinar si la fabricante alemana de automóviles BMW había manipulado sus cifras de ventas. A continuación presentamos una síntesis:

1MDB

Las autoridades de Malasia presentaron cargos contra diecisiete ejecutivos de Goldman Sachs por su supuesta participación en el desvío de cerca de 2700 millones de dólares de los 6500 millones recaudados para el fondo 1MDB. Nadie sabe cómo se resolverá ese caso, pues las autoridades quieren que se reembolse todo el dinero recaudado para 1MDB.

En Estados Unidos, algunos fiscales federales investigan la posibilidad de que Goldman haya incurrido en actividades de lavado de dinero y contravenciones a la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. De llegar a un acuerdo, podría incluir la condición de que su subsidiaria asiática se declare culpable, en cuyo caso, lo más probable es que Goldman la disuelva.

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Independientemente del acuerdo al que llegue Goldman con las autoridades federales, no es probable que el banco quede incapacitado. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) ha dado señales de estar dispuesta a ignorar las reglas relativas a los “malos actores”, que prohíben a las instituciones financieras ofrecer valores al público. Y ya sabemos que las enormes multas y declaraciones de culpabilidad que convinieron Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland y UBS en 2015 por la manipulación de divisas no acabaron con esos bancos.

Lo más probable es que cualquier acuerdo con el Departamento de Justicia y la SEC exija que Goldman tenga un monitor externo para garantizar que no contravenga la legislación bursátil en el futuro. Pero solo le añadiría otro costo a la decisión de hacer negocios para la empresa, que sin duda podría soportar cualquier eventualidad derivada del monitoreo.

FRAUDE CONTABLE

No es común que se promuevan juicios penales por el delito de fraude contable, pero a finales del año pasado los fiscales adoptaron una postura mucho más agresiva y decidieron acusar a ejecutivos de alto rango de incurrir en violaciones de las normas contables.

En diciembre, fiscales federales presentaron cargos de lavado de dinero y fraude postal y electrónico contra el cofundador de Outcome Health, Rishi Shah, así como la antigua presidenta de la empresa, Shradha Agarwal, y el director de Finanzas, Brad Purdy, por haber hecho declaraciones falsas a un banco para obtener casi mil millones de dólares en préstamos e inversiones en títulos de renta variable.

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El Departamento de Justicia también acusó a dos antiguos ejecutivos de MiMedx, Praker Petit y William Taylor, de “inflar los resultados”, ya que les vendieron a los distribuidores más productos de los que necesitaban para “hacer parecer más atractivas” las ventas corporativas. Los cargos señalan que MiMedx “no cumplió la cantidad mínima de sus expectativas de beneficios sino hasta el último día del trimestre en los cuatro trimestres de 2015”. Ese tipo de desempeño sin duda genera sospechas con respecto a la legitimidad de las ventas.

Si los fiscales federales logran convencer al jurado de que los acusados contravinieron la legislación bursátil, es probable que se les condene a pasar un buen tiempo en prisión.

El problema para BMW será determinar si las cifras de ventas de vehículos presentadas en sus informes también les dieron información confusa a sus inversionistas. La SEC investiga si la empresa manipuló cifras para dar la impresión de que tenía un mejor desempeño del real. Si se determina que ese fue el caso, la empresa podría enfrentar una multa sustancial.

En septiembre, Fiat Chrysler pagó 40 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver acusaciones de que aplicó prácticas dudosas para inflar sus ventas. La SEC llegó a la conclusión de que Fiat Chrysler les había proporcionado información imprecisa a los inversionistas, en contravención de la legislación federal en materia de valores.

USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

La Cámara de Representantes aprobó una ley que prohíbe el uso información privilegiada (Insider Trading Prohibition Act), en la que por primera vez se define de manera específica qué actividades constituyen uso de información privilegiada, además de ampliar los casos que pueden presentarse a juicio.

Si el Senado también la aprueba y se promulga, cualquier persona que “tenga conocimiento de información sustancial que no se haya difundido al público relativa” a una empresa podría considerarse responsable del uso de información privilegiada. Comunicar información confidencial a terceros (designados en inglés “tippees”) quedaría prohibido si la “conclusión razonable es que la información puede tener efectos sustanciales en el precio” de cualquier valor en el mercado.

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La legislación también cubre el caso de que se obtenga este tipo de información por “robo, soborno, declaración falsa o espionaje”, así como cualquier “conversión, malversación u otra manera engañosa o no autorizada de obtener la información”. Esta definición incluiría muchas formas de obtener información confidencial en la nueva prohibición aplicable a información privilegiada.

Contar con una definición sería un paso significativo para poder perseguir el delito de uso indebido de información privilegiada ante los tribunales, pues los fiscales han dependido de la definición que aplica cada tribunal sobre lo que es y lo que no es uso indebido de información privilegiada. Quizá incluso podrían definirse más tipos de conductas que pueden someterse a juicio. Falta ver si este paso resulta positivo.

Incluso si esa ley no entra en vigor, un dictamen en particular, emitido por un tribunal a finales de 2019, le facilitará al Departamento de Justicia presentar casos de uso de información privilegiada.

Un tribunal federal de apelaciones ratificó las condenas por uso de información privilegiada aplicadas en el caso Estados Unidos v. Blaszczak. El tribunal resolvió que una ley relativa al fraude bursátil en combinación con la Ley Dodd-Frank no impone a los fiscales el requisito de demostrar que quien conocía la información privilegiada obtuvo un beneficio personal de quien la recibió (el “tippee”). Es probable que esta resolución les permita a los fiscales promover más juicios sobre la venta de información confidencial sin necesidad de pruebas de que existió un intercambio quid pro quo.

Tampoco sabemos, por ahora, si sería un cambio positivo.