Panamá
Ministro de Economía presenta proyecto que busca inyectar al Fondo de Ahorros de Panamá con $200 millones anuales, a escasos tres meses que termine el Gobierno.
El proyecto fue entregado a la Asamblea este miércoles por el ministro Alexander. Foto: Cortesía AN
El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) nació como Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) en momentos en que se decidía que hacer con las tierras que revertían al país ante el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas.
También, contempló los fondos obtenidos por la venta de empresas estatales generándose un capital inicial de $1,200 millones.
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En 2012, se reforma para dar paso al FAP, que fue de ayuda para emergencias nacionales como la pandemia de covid-19.
Sin embargo, el ministro de Economía, Héctor Alexander, informó que desde su creación, este fondo solo ha podido aumentar su capital en $200 millones.
Agregó que el FAP debiera funcionar para ayudar en momentos difíciles, sin embargo, cuando se dieron estas situaciones se operó a la inversa y se alimentaba al fondo, cuando debía ser lo contrario.
Ante esto, el Gobierno presentó un proyecto de ley mediante el cual se inyectará $200 millones anuales a este fondo soberano, aporte que deberá aumentar en $50 millones cada cinco años, desde 2034.
La perspectiva de Alexander es que en 7 años se duplique el patrimonio del FAP y en 10 años haya aumentado en más de $2,000 mil millones.
Por otra parte, se elimina el punto 2 del artículo 3 de la norma del FAP referente a los rendimientos del fondo que a partir de 2018 se capitalizarían durante la vigencia fiscal siguiente hasta que el patrimonio sea superior al 5% del PIB.
Según Alexander, con esta eliminación fortalecen la capacidad de aumentar su patrimonio.
Este ambicioso proyecto debe incluir la fuente de financiamiento para capitalizar anualmente al FAP, algo de lo que no habló Alexander durante la sustentación del proyecto de ley, este miércoles en el Pleno de la Asamblea.
Existen experiencias anteriores sobre aportes del Estado a fideicomisos e instituciones que se han quedado en letra, pero en la práctica no se ejecuta.
Un ejemplo que tiene vigencia es lo referente al aporte que debía recibir la Caja de Seguro Social (CSS), conforme a la Ley 51 de 2006, que es de $140 millones anuales y del cual se desconoce si se está realizando.
A escasos tres meses para que termine este gobierno queda la incógnita sobre si el proyecto será aprobado y sancionado, o quedará como un legado para la siguiente administración.
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