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Gobierno quiere compartir con el pueblo carga de cerrar mina

"El pueblo tiene que decidir porque esa responsabilidad no nos la podemos llevar nosotros", dijo el ministro de Ambiente, Milciades Concepción sobre la Ley 406.

Redacción / economia@epasa.com / @PanamaAmerica - Actualizado:

"Téngalo claro, en cualquier escenario, con ese contrato, el Estado tiene que pagar, opinó el abogado Roberto Ruiz Díaz. Foto: Archivos

Cerrar la mina representa una responsabilidad muy grande y todos los panameños tenemos que compartir la responsabilidad de las consecuencia de dejar abierta o cerrar el proyecto minero, sentenció el ministro de Ambiente, Milciades Concepción. 

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De esta manera, Concepción se refirió al llamado a consulta ciudadana vinculante hecho por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, la noche del domingo, para apaciguar la ola de protestas que desencadenó la sanción de la Ley 406. 

Tras ocho días de cierres, protestas, paralización de las actividades económicas y la suspensión de las clases en el sector oficial, el presidente planteó llamar a las urnas a los panameños el 17 de diciembre próximo, para que apruebe o desapruebe la derogación de la Ley 406.

"El poder emana del pueblo. Así como es un tema tan sensitivo y tiene el país paralizado, el pueblo tiene que decidir porque esa responsabilidad no nos la podemos llevar nosotros", dijo Concepción sobre la derogación de la Ley 406 que fue aprobada en un lapso de tres días en el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 20 de octubre y sancionada por el Presidente de la República.

"Esa decisión la tienen que tomar el pueblo panameño para que todos seamos responsables de los impactos que va a tener la decisión de revocar la Ley 406", insistió Concepción.

"Es una gran responsabilidad decidir acabar con una inversión de más de $9,000 millones que va a afectar a más de 40 mil panameños, que va a colapsar el sistema económico, que vamos a tener demandas multimillonarias", advirtió Concepción en Telemetro Reporta.

"¿Por qué cuando inició la construcción de la mina en el 2012 hasta el 2019, siete años construyéndose y nadie dijo nada. Por qué no protestamos en esos tiempos cuando comenzaron a deforestar y comenzaron a construir la mina?", cuestionó el titular de ambiente.

No obstante, la decisión del Ejecutivo valida una demanda que desde hace varios meses vienen planteando los gremios de trabajadores y otros grupos que se oponen a la actividad minera en Panamá. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) ya había planteado el referendo como una salida al debate. 

Concepción señaló que la actividad minera es legal en Panamá con el Código Minero de 1963. "La actividad no es ilegal, quizás lo malo fueron las condiciones que se pusieron en ese contrato de 1997, que no tenía condiciones favorables para el país. Con el contrato Ley 406 se aprobaron mejores condiciones para el país desde el punto de vista financiero, económico, laborales, sociales y ambientales", defendió Concepción.

Igualmente, asegura que los 33 estudios ambientales fueron 'bien aprobados' por los tres gobiernos anteriores, de acuerdo a las normas ambientales y  la empresa está cumpliendo con el plan de mitigación y compensación. 

Minera Panamá está operando y ya deforestó más de 5 mil hectáreas, tienen una tina de más de 2100 hectáreas, tienen una fosa enorme que cuesta millones, 10 mil hectáreas que no se van a reforestar. 

El cierre de la mina tiene consecuencias ambientales desastrosas que para seguir mitigando y compensando hay que invertir millones de dólares, reconoció el titular de Ambiente.  

¿Referéndum?

"Eludir responsabilidad política se ha convertido en lo usual. El Presidente dejó plasmado una defensa acérrima al contrato ley", planteó el exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada. 

"Téngalo claro, en cualquier escenario, con ese contrato, el Estado tiene que pagar. Un referéndum o consulta popular es hacernos cómplice de cualquier pago", opinó el abogado Roberto Ruiz Díaz.

Para el jurista, la Corte Suprema de Justicia debe acelerar el proceso y, antes de fin de mes tener un fallo, que nos regrese a la situación anterior a la Ley 406, donde había una empresa explotando ilegalmente una actividad.

"No es lo mismo ir a arbitraje con un fallo en la mano que anulando ilegalmente un contrato", señaló Ruiz Díaz. 

Diálogo
El Gobierno de Lurentino Cortizo buscará este lunes acercamiento con los diversos gremios para alcanzar acuerdos para que se levanten las medidas de protesta.

Concepción advirtió la consecuencias de las paralizaciones y cierres de vías. "Esto va a ser un caos", puntualizó. 

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