Tras conocerse que un importante grupo de compañías chinas enfrenta obstáculos para competir en la licitación 2017-1-27-0-99-LM-001755 para la compra de 35 millones dólares en vehículos utilitarios, buses y maquinaria liviana, abogados y economistas señalan que se trata de un acto discriminatorio en el que podrían haber empresas allegadas al Gobierno que se beneficiarían de las restricciones.'

Cifras

26 agencias concurrieron a la reunión de homologación, según autoridades.

24 empresas podrían estar participando de la próxima licitación.

El abogado Ernesto Cedeño señaló que todo aspecto discriminatorio violenta el principio de igualdad establecido en el artículo 20 de la Constitución.

"Un pliego de cargos de esta magnitud es censurable porque limita la libre empresa y el Estado se puede privar de ofertas ventajosas. El pliego de cargos debe ser objetivo y no subjetivo", recalcó Cedeño.

El pasado 31 de agosto, la Dirección General de Contrataciones Públicas publicó el pliego para estructurar un nuevo catálogo de compra por 35 millones de dólares que estará vigente entre el 2018 y el 2019.

Ello incluye la compra de sedanes, camionetas, microbuses, camiones de carrocería cerrada, pick-ups, paneles de carga, minicargadores, retroexcavadoras, entre otros.

La presentación de oferta estaba programada para este martes 13 de marzo, pero el acto ya fue suspendido por una acción de reclamo presentada por el abogado Aurelio Alí García.

El pliego para el catálogo de compra había sido corregido a solicitud de un grupo de empresas interesadas para abrirlo a la competencia con empresas distribuidoras con hasta dos años como mínimo de operaciones en Panamá.

Sin embargo, la querella señala que la Dirección General de Contrataciones Públicas introdujo en el pliego de esta licitación una sexta adenda volviendo al concepto original de aplicar un mínimo de 10 años de operación en Panamá, cerrando la competencia solo a los distribuidores tradicionales en Panamá de vehículos, buses y equipo pesado.

El director general de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, defendió que dentro del pliego de licitación se hayan puesto requisitos que deben cumplir las empresas para poder calificar y entrar a competir por los 35 millones de dólares en vehículos, buses y maquinaria liviana.

También señaló que siempre se ha mantenido el requisito de que para poder participar de estos convenios marco, la marca del vehículo debe tener como mínimo 10 años en Panamá.

"Aquí no hay discriminación, participaron 26 agencias en la reunión de homologación, y de estas, unas 24 o 25 pueden entrar si cumplen con todos los requisitos. Lo que buscamos aquí es la mayor participación de empresas en estos actos. Pero tiene que haber una serie de requisitos para poder satisfacer las necesidades del Estado en cuanto a calidad y servicios", señaló Corro al defender el pliego de cargos.

Reconoció que existe un problema de ilegalidad que tiene que entrar a fallar la Corte Suprema de Justicia.

"Hay un tema en la Sala Tercera y eso lo tiene que dictaminar y fallar la Corte de una manera jurídica. Mientras tanto, continuamos ejecutando el convenio marco actual, y si es necesario, procederemos a extenderlo hasta que se pueda definir el que estamos licitando", dijo Corro.

Corro también se refirió a la querella del abogado Alí y dijo que es una potestad de toda empresa interponer recursos legales. "Lo que estamos buscando aquí, de una manera consensuada, son requisitos mínimos", agregó.

Por su parte, el economista Juan Jované indicó que es contradictorio que el Estado diga que quiere un TLC con China y la misma semana, las empresas chinas pasan a denunciar que en este país no se permite el libre comercio y se bloquea su participación en la licitación.