Ilegales atentan contra el negocio de bienes y raíces

La proliferación de ilegales en el negocio de bienes y raíces es una de las causas por las que Panamá fue incluida recientemente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), al prestarse para lavar dinero, al mismo tiempo que merma las ganancias de los corredores legales en un 50 por ciento.

El Decreto Ley No. 6 de 8 de julio de 1999, que reglamenta la profesión de corredor de bienes raíces y crea la Junta Técnica de Bienes Raíces en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), señala que para ejercer la profesión se requiere poseer licencia de corredor de bienes raíces, la cual será expedida por la Junta Técnica de Bienes Raíces.

Sin embargo, en la actualidad hay varias personas ejerciendo la profesión de manera ilegal. Según voceros del sector, en el país hay más de 1,500 personas que están ejerciendo la profesión de forma ilegal. Entre los foráneos destacan los norteamericanos, venezolanos, canadienses y europeos, que incluso han desplazado la mano de obra panameña.

Estas personas podrían ser sancionadas con prisión de 2 a 5 años, de acuerdo con el Código Penal, por ejercer la profesión sin idoneidad, como el caso de los médicos, abogados, arquitectos, contadores y demás.

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De un total de 4,385 licencias emitidas para personas naturales unas 283 fueron canceladas en Panamá, según la lista de la Junta Técnica de Bienes y Raíces del Mici. En lo que va del año se han emitido unas 150 licencias nuevas, pero, lo preocupante es que las renovaciones han disminuido drásticamente.

El presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Luis Pimentel, asegura que la industria se encuentra en coma, pero con la entrada del nuevo Gobierno se traen nuevas esperanzas.'

5%

es la comisión establecida para los corredores de bienes y raíces en Panamá. Sin embargo, los ilegales cobran un 3% para ganar clientes.

"En los últimos años la informalidad y la piratería o el ejercicio ilegal de la profesión de bienes raíces está rampante y prolifera. La seguridad jurídica en el negocio se ve gravemente afectada por esta informalidad, dejando mermas económicas dentro de la industria inmobiliaria, especialmente a los corredores de bienes y raíces que cumplimos las leyes existentes en la República de Panamá", destacó.

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La merma es incalculable debido a que los ilegales no declaran sus ganancias percibidas por medio de comisiones de ventas o alquileres. Por la venta de una propiedad el corredor de bienes y raíces recibe el 5% y por el alquiler de una propiedad percibe el primer mes de alquiler, pero los ilegales piden solo un 3%.

Por ejemplo: si el alquiler es de $2,500 la comisión será de $2,500. Por ende, si la comisión por venta de un bien inmueble con un valor de $200 mil es de $10,000, los ilegales cobran $6,000.

Las diferencias entre un legal e ilegal son sencillas. Con una persona legal se tiene la certeza de que el negocio se va a realizar de una forma honesta, mientras que con un ilegal se puede perder el abono.

De hecho, Francisco Heredia Cortés, vicepresidente de la Asociación Regional de Corredores de Bienes Inmuebles (Arecobin) explica que ya se han dado casos de personas ilegales que promueven alquileres y se pierden con el abono. "Es decir, reciben el dinero y ni siquiera se lo dan al propietario y se quedan tanto con el abono del primer mes como el de la garantía", reaccionó.

El corredor reveló que hay un sinnúmero de personas que están trabajando en empresas de bienes y raíces y no tienen licencia. "Cuando los consumidores son estafados, entonces dicen primeramente que los corredores son unos maleantes, cuando el problema es de ellos por contratar a personas que no tienen licencia".

Aldo Stagnaro, expresidente de Acobir, advierte que de no regular la figura del corredor inmobiliario "se seguirán haciendo cosas ilegales y seguiremos siendo afectados. Habrá menos inversionistas, menos transacciones, menos construcciones, menos empleos, menos circulante, etc.".