La Ley Troleybus sin vetos del gobierno

Luego de más de una semana de intensos contactos con los organismos internacionales -como el Fondo Monetario Internacional, FMI- el Gobierno tomó una decisión: no habrá veto a la Ley de Transformación Económica del Ecuador (primer paquete de la Ley Trolebús). Aunque al cierre de esta edición, el presidente Noboa no hacía el anuncio oficial, de fuentes cercanas al Gobierno, se daba por hecho esta decisión, por lo que en las próximas horas, este cuerpo legal aparecería publicado en el Registro Oficial.
Esta posición adquirió más cuerpo, según pudo determinar este Diario, luego de la reunión que mantuvo el ministro de Finanzas, Jorge Guzmán, con las autoridades del FMI. La cita se desarrolló en Washington, el lunes pasado.
Allí, básicamente, se analizó la posibilidad de objetar parcialmente la iniciativa. Hace 15 días, el FMI indicó, al menos, tres puntos dentro de la Ley, que a su criterio, podían dificultar la implantación del esquema de dolarización. Estos tenían relación con la fijación de un techo para las tasas de interés, el desagio de operaciones en dólares y ciertas disposiciones que le quitan flexibilidad al sistema financiero.
En aquella fecha se señaló que estas medidas le quitaban apertura al modelo. "Lo que se busca es que ingresen al país dólares no que se restrinja su ingreso". La posición de Guzmán frente al FMI fue defender el no veto de la Ley, sobre todo por el factor tiempo. Desde que el nuevo modelo cambiario fue anunciado, el 9 de enero por el ex presidente Jamil Mahuad, ha pasado más de un mes y medio y no se han puesto en vigencia las nuevas normas legales. Una fuente cercana al proceso sostiene que esto podría quitarle al modelo "credibilidad, que es justamente lo que en el fondo persigue la dolarización". ¿Qué alternativa propone el Gobierno frente a las observaciones del FMI? La salida técnica será el perfeccionamiento de las reformas mediante reglamentos o la redacción de los cambios que se requieran en el segundo paquete de la Ley Trolebús. Este será el caso de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Por ejemplo, se fijarán requisitos básicos para aquellas firmas que desean participar en la compra del 51 por ciento de acciones de las telefónicas, con el fin de garantizar la transferencia de tecnología, el servicio al cliente, entre otros. Esas nuevas reformas serán remitidas al Congreso en las próximas semanas. El plazo fijado por el Gobierno es antes de las elecciones del 21 de mayo próximo.