Ley que incentiva desde todos los ángulos

A capa y espada los industriales continúan defendiendo la creación de una ley de fomento industrial, pese a que existen sectores que en reiteradas ocasiones han indicado que hay intereses en la discusión de esta posible ley.
El proyecto que actualmente se discute en segundo debate en la Asamblea Legislativa establece claramente las áreas en que se debe invertir para poder acceder al Certificado de Fomento Industrial, CFI (documento no transferible y libre de impuestos que será creado para incentivar la inversión).
El texto todavía es analizado y establece que los industriales sólo pueden invertir en investigación y desarrollo, en gestión de calidad medioambiental, capacitación de recurso humano, inversión en utilidades, incremento en compras de productos nacionales y en la generación de empleos asociados a la producción.
Los industriales aseguran que de esta forma aumentará la mano de obra y a esto se le sumará la entrada al país de nuevas industrias.
No obstante, el CFI no puede utilizarse para el pago de impuestos, tasas o contribuciones causadas en períodos fiscales anteriores a la emisión del certificado, en el pago del Impuesto Mínimo Complementario, ni de Dividendos, mucho menos utilizarlo para pagar el Impuesto de Consumo de Combustible y Derivados del Petróleo.
La empresa que desee hacerse acreedora de este incentivo debe primero producir utilidades sobre la inversión y dependiendo de los resultados, el empresario obtiene el 35% sobre sus ganancias.
Es decir, que si no genera ganancias en 8 años, que es el período de vencimiento de CFI, pierde el incentivo. Sin embargo, si la industria genera ganancias, ya sean menores o mayores a su inversión, obtiene del Estado un retorno del 35% de las ganancias finales obtenidas.
Todo el que se quiera hacer acreedor del Certificado de Fomento Industrial debe comprobar que ha realizado una inversión en los renglones permitidos en el texto del proyecto.
De acuerdo con Juan Vincensini, segundo vicepresidente del Sindicato de Industriales de Panamá, el público podrá conocer cuáles serán las empresas que se harán acreedoras del CFI, ya que la Contraloría General de la República está en el deber de hacer pública esta información.
A simple vista la ley no parece discriminante y permite que las pequeñas y medianas empresas puedan hacerse acreedoras del incentivo fiscal, sin embargo, es muy cierto que deben tener el capital necesario para poder invertir en los renglones permitidos en el proyecto.
A la fecha no se puede determinar el número de empresas que tendrán la posibilidad de acogerse al incentivo, y mucho menos cuánto será el golpe a las finanzas públicas.
Sin embargo, los empresarios consideran que es una puerta para nuevas inversiones, en medio de negociaciones comerciales.
Lo cierto es que este proyecto se convierte en una guerra contra el tiempo, toda vez que en el 2005 vencen todos los incentivos fiscales como los Certificados de Abono Tributario (CAT), y demás subsidios a la producción.