Los costos de la economía cerrada de Colombia

Los colombianos pagan más por el vino que la mayoría de los latinoamericanos. El precio se dispara tan pronto como una caja llega a la costa. Cada vez que arriba un cargamento, los importadores deben presentar al menos ocho formatos al mismo número de agencias. Los funcionarios pueden tardarse hasta quince días en liberar la mercancía. Mientras tanto, los importadores almacenan sus botellas en bodegas con temperatura controlada. Cuando un permiso finalmente llega, las fallas de la vialidad y las altas tarifas de transporte implican que los comerciantes pagan de las facturas más altas de transportación en el mundo para enviar el vino a Bogotá, la capital, donde se encuentra la mayoría de los clientes. Para cuando llega a la mesa, una botella de vino cuesta ocho veces más que en su país de origen. Su costoso recorrido es la regla, no la excepción, para los productos que importa Colombia.

Solía ser más fácil. El gobierno liberalizó la economía a principios de los años noventa tras décadas de proteccionismo. En ese entonces, Colombia dependía de las exportaciones de café, cuyo precio se desplomaba. En un esfuerzo por diversificar la economía y hacerla más productiva, el gobierno redujo los aranceles y eliminó las listas de artículos cuya importación estaba prohibida.

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Esa apertura duró solo unos pocos años. Los propietarios de las fábricas y las empresas azucareras, así como los productores de leche, los agricultores de arroz y los gobiernos regionales, que son dueños de destiladoras de aguardiente, un licor local, fueron afectados por la competencia. Cabildearon para restaurar la protección. El gobierno no podía volver a imponer los aranceles, en parte debido a sus compromisos como miembro de la Organización Mundial del Comercio. Así que aplicó muchas barreras no arancelarias.

Según un nuevo libro, Colombia está tan cerrada como en la década de los noventa. El comercio total se ha incrementado cinco veces, pero la proporción del comercio y el producto interno bruto no se ha elevado mucho. Las medidas no arancelarias afectan a casi cuatro quintas partes de las importaciones, un aumento frente al 27 por ciento en 1992, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El gobierno ha creado nuevas agencias relacionadas con el comercio, y les ha dado más poder para intervenir a las instituciones que ya existen.

Las protecciones a los productores nacionales son algunas de las razones por las que la productividad ha crecido tan poco desde la década de los noventa. En 2012, las granjas produjeron menos por valor en términos reales que en 1990. Perú y Chile, que tienen menos variedad en sus condiciones de crecimiento, pero economías más abiertas, han duplicado su producción durante el mismo periodo. Las importaciones de precios altos elevan los costos de los exportadores, lo que hace que sean menos competitivos. Los puertos están siendo afectados. Los barcos cargueros llegan a Buenaventura, el puerto más grande en la costa del Pacífico, colmados de contenedores, pero parten sin nada. Cartagena, en la costa del Caribe, genera dinero como un puerto de transbordo, al pasar mercancía de una embarcación a otra. Sin embargo, eso genera menos ganancias que manejar exportaciones e importaciones. La “principal exportación [de Colombia] es el aire”, dijo Aníbal Ochoa, el director comercial del puerto.

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Hasta ahora, los gobiernos han ignorado los costos de la economía cerrada de Colombia. Eso es en parte debido a que su prioridad era derrotar a las Farc, una organización guerrillera que durante cincuenta años estuvo en conflicto con el Estado. Desde principios de la década de 2000, Colombia obtuvo ingresos decentes provenientes del petróleo y el gas, que remplazaron al café como la principal exportación. Representan casi el 60 por ciento de la exportación de bienes.

Ahora aumenta la presión para liberalizar. Un acuerdo de paz en 2016 puso fin al conflicto. Los precios del petróleo cayeron en 2014 y todavía no se recuperan por completo. Las reservas se están acabando. El comercio podría convertirse en el nuevo motor de la economía, dijo Jorge García, uno de los editores del libro.

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No obstante, hasta el momento, el impulso para abrirla ha tenido poco respaldo por parte de la cúpula del poder. El gobierno ha agilizado la solicitud de algunos permisos, pero no los redujo en cantidad ni en costo. Por ahora, al parecer, solo los colombianos ricos podrán comprar vino. Los otros ahogarán sus penas en aguardiente.

(“Comercio exterior en Colombia: Política, instituciones, costos y resultados”, editado por Jorge García García, Enrique Montes Uribe, Iader Giraldo Salazar. Banco de la República).