Ministro Martínez es denunciado de conspirar contra ley de Cabotaje

La nueva ley de Cabotaje, que permitirá garantizar el desarrollo de las empresas marítimas panameñas, está siendo saboteada en momentos solo hace falta la sanción del presidente Laurentino Cortizo.

La ley de cabotaje, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, busca que todos los servicios auxiliares marítimos nacionales puedan ser más competitivos.

Pero el Ministro de Comercio, Ramón Martínez, se ha convertido en su peor detractor, aún cuando el tema fue aprobado en la Asamblea con el consenso de la parte privada y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El abogado Francisco Carreira y vocero de los Armadores Panameños (ARPA) señaló que la actividad de cabotaje es reservada para los nacionales de cada país y ese principio ha sido respetado en materia aérea, transporte terrestre y marítima.

Ahora, Carreira denunció que algunos funcionarios han sido sorprendidos saboteando una ley que beneficiará a muchas empresas panameñas.

"Me refiero específicamente al ministro de Comercio, Ramón Martínez y la dirección de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), ya que después que el proyecto llega a la Presidencia, aparecen notas pidiéndole al presidente Laurentino Cortizo que no sancione el mencionado proyecto", dijo Carreira.

Dijo que el artículo más polémico es donde se reserva el 75% de cabotaje para los nacionales.'

El artículo más polémico es donde se reserva el 75% de cabotaje para los nacionales. Pero ahora la conspiración contra le ley surge por parte de un sector que busca proteger a algunas empresas extranjeras que operan en Panamá.

Hay empresas dentro de la actividad de Cabotaje no pagan seguro social, contratan trabajadores extranjeros y además operan de alguna forma con una ventaja sobre las empresas nacionales.

Pero ahora la conspiración contra le ley surge por parte de un sector que busca proteger a algunas empresas extranjeras que operan en Panamá, resaltó Carreira.

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Denunció que existen pruebas a nivel judicial de que hay empresas que no pagan seguro social, contratan trabajadores extranjeros y además operan de alguna forma con una ventaja sobre las empresas nacionales.

Como gremio ARPA espera que el presidente haga caso omiso a los señalamientos que buscan sabotear la ley de Cabotaje y la sancione para que entre en vigencia.

"Esperamos que esta Ley sea sancionada tal cual como fue aprobada en la Asamblea Nacional, no dejamos de ver esta situación que las entidades que proponen los proyectos empiezan a sabotear sus propuestas", señaló Carreira.

Calificó de contradictorio que cuando se discutió el proyecto que surgió del Ejecutivo, todos los ministros se cuadraron con el anteproyecto; pero después que fue aprobado por todos los diputados, ahora hay ministros que intentan sabotearlo, como está ocurriendo en este caso.

Juan Felipe Pitty, también abogado marítimo, ha manifestado su respaldo a la ley de Cabotaje.

Dijo que la aprobación de esta ley ha dejado en evidencia los intereses económicos de un "escaso grupo de individuos panameños" que defienden las ventajas competitivas que actualmente tienen las empresas extranjeras, quienes se han aprovechado de las distorsiones históricas del mercado marítimo nacional para su beneficio, afirmó en una entrevista a este medio.

Denunció que este grupo de empresas que aseguran que "gastan y traen inversión al país", disfrutan de un esquema que les exime de pagar impuestos en Panamá, de emplear colaboradores panameños, y les permite que los réditos de esas supuestas inversiones se fuguen de las aguas nacionales, quedando el Estado Panameño, sin recibir un solo centavo, ni beneficio y provocando el estancamiento de toda una industria.

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