'Nadie invierte en un país que no respeta la seguridad jurídica', afirma Rommel Troestch
Juristas internacionales consultados en Washington por el gobierno nacional dicen que el Contrato-Ley es por 50 años, cumplidos en 2 fases.
Los contratos de concesiones portuarias son por largos periodos para recuperar las cuantiosas inversiones.
Ante el debate que alimentan sectores interesados en el negocio portuario, expertos en la materia se preguntan si alguna empresa multinacional "quiere venir invertir en un país que no respeta la seguridad jurídica ni los contratos firmados por el Estado".
La discusión sobre la prórroga automática de la renovación del contrato de Panama Ports Company (PPC), como establece la ley aprobada en 1997 por la Asamblea Nacional, ha sido politizada y no es abordada desde una perspectiva técnica y comercial.
"Los sectores que están en contra de la renovación del contrato de Panama Ports no tienen idea de cuánto costaría al Estado si viola los términos establecidos en el Contrato-Ley de enero de 1997", opinó Rommel Troestch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá.
Estimó que "si no renueva el contrato, y no hay ninguna razón para no renovarlo, el daño para Panamá seria grandísimo porque quien quiere venir a invertir en un país que no respeta un contrato firmado, que es Ley de la República".
Troestch explicó a medios radiales que todos los contratos portuarios son de concesión por periodos de 20 o 25 años renovables. El único contrato que tiene cláusula de renovación automática es PPC, si la empresa cumple con los términos fijados.
La Cláusula 2.9 del Contrato-Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, estableció que la concesión a PPC "tendrá una duración de 25 años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, plazo que se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas, de acuerdo con este contrato".
"Si no renuevan el contrato en forma automática, como establece la ley –planteó Troestch-, el Estado viola la seguridad jurídica y tiene que ver cómo enfrenta demandas por una inversión de $1,695 millones".
Los contratos de concesiones portuarias son por largos periodos para recuperar las cuantiosas inversiones. Los cuatro concesionarios que operan los puertos a ambas riberas del Canal tienen contratos a dos periodos de 20 años, con excepción de PPC cuyos plazos son a 25 años.
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También PPC, filial de la honkonesa Hutchison Ports, es el único cuya cláusula de renovación es automática. Los contratos de Manzanillo Internacional Terminal de la estadunidense Stevedoring Services of America (SSA) y Colon Container Terminal de la taiwanesa Evergreen, fueron renovados mediante ley aprobada por la Asamblea Nacional durante el gobierno pasado. Igual proceso le espera, cuando venza su contrato, a Panama Internacional Terminal (PSA) de Singapur.
"La letra del contrato es clara y no da lugar a discusiones, si se cumplen todas las obligaciones la renovación es automática. A la Contraloría General de la República (CGR), le correspondió certificar que Panama Ports cumplió con esa cláusula", apuntó.
Troestch no entró en consideraciones acerca de las críticas a la credibilidad de la CGR, opinó que por los alcances del audito realizado entre enero de 1997 y septiembre del 2020, PPC cumplió con sus obligaciones a lo largo de los diferentes periodos gubernamentales con una docena de cláusulas y modificaciones del Contrato-Ley original.
Juristas internacionales consultados en Washington por el gobierno nacional concluyeron recientemente que el Contrato-Ley es por 50 años, cumplidos en dos fases de 25 años cada una.
Troestch dijo que la percepción de la industria marítima global es que el Estado panameño va a honrar el Contrato-Ley. "No hay inquietud en la renovación del Contrato-Ley. El tema de fondo es la estabilidad de la industria marítima y ven esto como una cuestión política", comentó.
Troestch recordó que el gobierno y PPC pactaron en el 2005 el pago de una contraprestación de $102 millones por la infraestructura recibida al momento de la concesión en Balboa y Cristóbal.
Ese a acuerdo quedo estampado en la Ley 5 de diciembre del 2005, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. "Por qué quieren ocultar la Ley 55, cuando ingresaron al Estado $102 millones producto de un acuerdo entre el gobierno y la empresa", recalcó.
Esa Ley incluyó la inversión de $1,000 millones, en lugar de los $50 millones pactados originalmente. Una auditoría de la CGR estableció en febrero que la inversión ha superado los $1,695 millones. Ese audito reveló, además, que entre 1997 al 2020, PPC pagó $445 millones al Estado en movimiento de contenedores y dividendos.