Propuesta de videollamadas en cárceles divide opiniones

La posible sustitución de visitas presenciales por videollamadas en las cárceles del país, una medida anunciada recientemente por el nuevo director general del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, ha generado diversas opiniones.

Por un lado, están los que señalan que su implementación contribuirá al restablecimiento de la seguridad dentro de estos recintos, y por otro, los que consideran que atenta contra los derechos de los privados de libertad.

Dicho cambio, a juicio de Abraham Adames, exfiscal contra la delincuencia organizada, será positivo siempre y cuando sea una opción adicional a la presencialidad, no un reemplazo absoluto, pues tiene sus ventajas, especialmente para los familiares que residen en el exterior o en provincias lejanas a los centros de detención.

Sin embargo, si se utiliza como una excusa para vulnerar uno de los fines primordiales de las penas, que es la resocialización, tal y como lo consagra la Constitución, se convertirá en un problema.

Mencionó que, para evitar que esta disposición se malinterprete o atente contra las garantías de los reclusos, inicialmente debe ser voluntaria; cada privado debe aceptar que su visita sea virtual y complementaria; no se pueden desconocer las Reglas de Mandela, que establecen que tienen derecho a comunicarse con sus familiares en ambas modalidades (virtual y presencial); por tanto, no se les puede negar ni una ni la otra.

También es importante que se respete y garantice la privacidad de las conversaciones que mantengan con sus apoderados legales; estas no pueden ser grabadas ni monitoreadas para proteger el secreto profesional y el derecho a la defensa de los detenidos.

El jurista recordó que en países como Colombia existen precedentes de iniciativas similares a la que se plantea en Panamá, especialmente durante la pandemia, reiterando la necesidad de contacto físico entre los reclusos y sus familiares; por ello, la Corte declaró que deben ser "transitorias y excepcionales".

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16,397

población penitenciaria de la provincia de Panamá, según datos de la DGSP.

 

3,000

reclusos albergará la nueva cárcel que construirá el Gobierno en Divisa.

 

Sostiene que el sistema requiere "urgentemente" una depuración y profesionalización de los custodios y profesionales de seguridad para acabar con su mayor vulnerabilidad: la corrupción administrativa.

Otras reformas encaminadas a fortalecer el esquema son: instalar escáneres corporales de rayos X y arcos detectores de metales en las entradas de las cárceles y una clasificación técnica y efectiva de la población penitenciaria, garantizando que los procesados no convivan con los condenados y que los perfiles de alta peligrosidad operen bajo esquemas de máxima seguridad sin limitar sus derechos.

El abogado Eliécer Plicett, por su parte, ha expresado a través de sus redes sociales que endurecer las penas o medidas de control dentro de las cárceles no resolverá el problema si no se implementan programas efectivos de resocialización que les permitan a los reclusos interactuar con sus allegados.

Lamentó que la fuga de 195 reos en el centro penitenciario La Joyita haya empañado el trabajo que venía haciendo la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y terminara en la suspensión de visitas en esta y otras instalaciones, decisión que espera sea reconsiderada en favor de los familiares de los detenidos.

Las autoridades han anunciado una serie de cambios que incluyen la eliminación de los famosos "paquitos", centros de venta dentro de los penales, y la reorganización de reos de acuerdo al tipo de delito cometido para frenar el descontrol en estas instalaciones.