Panamá busca evitar las listas grises con ley que pena con cárcel la evasión
Sectores legales y empresariales han denunciando que se trataba de una injerencia extranjera y de una norma que restaría competitividad al sector de servicios financieros.
Ya Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI
La ley que penaliza con cárcel de hasta 5 años al que evada el pago de impuestos por 300,000 dólares o más al año en Panamá busca ayudar al país a evitar un nuevo ingreso en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lo someterá a una revisión en las próximas semanas.
La mayoría de diputados presentes este martes en el pleno de la unicameral Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, aprobó el proyecto de ley 591, presentado hace un año por el Ministerio de Economía y Finanzas con la propuesta inédita de elevar a delito penal la evasión, hasta ahora solo una falta administrativa en Panamá.
Queda solo que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, firme la ley para que entre en vigor, lo que se da por descontado dado que el proyecto presentado por el Ejecutivo no sufrió cambios durante el debate legislativo.
El Parlamento evitó sistemáticamente la discusión de la propuesta legislativa, que causó polémica en el país, con sectores legales y empresariales denunciando que se trataba de una injerencia extranjera y de una norma que restaría competitividad al sector de servicios financieros.
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"La gravedad de que el Proyecto de Ley 591 no se apruebe radica en que el país tendrá que enfrentar la real posibilidad de ser incluido en la Lista Gris de Grupo de Acción Financiera (GAFI) en el 2019", alertó a finales de diciembre pasado el Ministerio de Economía y Finanzas.
Ya Panamá fue incluida en el 2014 en la lista gris del GAFI, lo que dificultó las actividades internacionales de los bancos y algunas industrias, pero fue excluida en el 2016 tras cumplir con una serie de recomendaciones del ese organismo.
"Económicamente no podemos decir que esta ley va ayudar" al alza en la recaudación, se trata "más de cumplir un compromiso que adquirió Panamá" con organismos internacionales y el resultado una "presión del GAFI", dijo este martes a Acan-Efe el decano de la Faculta de Economía de la Universidad de Panamá (UP-pública), Rolando Gordon.
Si esta ley no era aprobada el país "iba a tener problemas. Se iban a ir muchas corresponsalías (de bancos) como ocurrió del 2014 al 2016", cuando Panamá fue incluida en la lista gris del GAFI y estalló el escándalo del bufete Mossack Fonseca conocido como los papales de Panamá, respectivamente, recordó el catedrático.
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela, valoró la aprobación legislativa y recordó que el objetivo de la ley era "adecuar" la legislación local a los estándares internacionales.
"Tenemos la reunión (con el GAFI) en febrero, en la que se presentan los avances" del país en materia de transparencia fiscal y combate al blanqueo, afirmó la ministra en la sede del Parlamento.
En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que en el 2012 Panamá cumplía solo con 5 recomendaciones del GAFI, pero que ahora, tras una serie de reformas "cumple con 34 de las 40 recomendaciones" del Grupo.
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Enfatizó además que la norma "castiga al gran evasor y no tendrá impacto en la mayoría de los contribuyentes panameños, pues solo 81 personas jurídicas entran en este rango de rentas gravables igual o superior a 1,25 millones de dólares al año".
"Esta ley esta hecha fundamentalmente para la gente que rica que es la que se ha dicho que es la que más evade, para las grandes empresas trasnacionales y gente que quiera venir y guarda dinero. Ahora hay una ley que permite que eso se investigue", dijo Gordon a Acan-Efe.
El Ministerio de Economía afirmó que con la ley "el Ministerio Público tendrá la facultad legal de investigar el delito fiscal proveniente de otros países algo que el GAFI espera de todos los países que observan sus normas".
Para el experto economista Adolfo Quintero esta ley era innecesaria porque Panamá cuenta con una serie normas y procedimientos para impedir la evasión fiscal en el marco del esquema de renta territorial que rige en el país.
"El riesgo que implica esta ley que penaliza la evasión es que se use como un arma para la persecución política. Eso sí puede pasar", aseveró el experto en declaraciones a Acan-Efe.