Tras la promulgación en mayo de 2026 de la Ley No. 526, Panamá ha publicado su respectiva reglamentación para detallar las reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital e ingresos inmobiliarios.
Esta normativa alcanza exclusivamente a personas jurídicas —incluyendo sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fideicomisos y fundaciones de interés privado— constituidas o domiciliadas en el país que formen parte de grupos multinacionales, es decir, conglomerados con dos o más entidades vinculadas por propiedad o control con residencia fiscal en distintas jurisdicciones, dejando fuera de su alcance a las personas naturales.
De acuerdo con un análisis de KPMG Panamá, esta etapa de implementación exige que las organizaciones demuestren coherencia real entre las actividades que realizan en el territorio nacional y los ingresos generados.
Para acreditar dicha actividad económica, el reglamento establece criterios específicos sobre recursos humanos, instalaciones físicas, asunción de riesgos, y costos y gastos operativos asociados.
"Más que una revisión documental, será necesario que exista correspondencia entre las decisiones, los recursos y las actividades que desarrolla cada entidad en el país. Las organizaciones que inicien oportunamente este análisis contarán con mayor tiempo para evaluar sus estructuras operativas y la documentación necesaria para sustentar el cumplimiento de estos requisitos", destacó Jaime Carrizo, Socio de Servicios Tributarios de la firma.
Uno de los pilares centrales de la nueva regulación radica en la gobernanza y la comprobación del lugar donde se adoptan las decisiones estratégicas relacionadas con la dirección, administración y gestión de activos de la entidad.
En ese sentido, se exige que el órgano directivo o de supervisión mantenga un rol activo, estipulando como requisito la celebración de al menos dos reuniones físicas en Panamá durante cada año fiscal, respaldadas con evidencia formal de las resoluciones tomadas en el país.
Con la entrada en vigor de estas disposiciones prevista para el período fiscal 2027, las entidades sujetas a la norma enfrentan el reto de auditar sus estructuras corporativas, procesos de control y soportes documentales para realizar los ajustes necesarios con antelación.
