Piden a Ipacoop investigar a Cacsa por supuesta estafa
Unas 500 familias que residen en la urbanización Parque Centenario, ubicada en Arraiján, se encuentran afectadas hace más de tres años por una transacción comercial entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio, R.L. (Cacsa)
Unas 500 familias que residen en la urbanización Parque Centenario, ubicada en Arraiján, se encuentran afectadas hace más de tres años por una transacción comercial entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio, R.L. (Cacsa), la empresa Parque Centenario Promotora y el Grupo 4M (constructora).
Los residentes han presentado denuncias penales, que registran un lento desarrollo a juicio de los afectados, pero también han acudido al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), como ente fiscalizador de las cooperativas, con documentos que, según ellos, evidencian la estafa de la que han sido objeto, para solicitar la investigación pertinente.
Los problemas son múltiples. “Nos sorprendimos cuando el 7 de abril del presente año, Cacsa publicó en un medio de la localidad la venta de seis fincas incluyendo las mejoras que precisamente son nuestras viviendas”, señaló con preocupación Liliana Benavides, quien reside en la urbanización.
Panamá América pudo constatar que, efectivamente, la cooperativa publicó la venta de las fincas 1734, 1736, 1737, 231408, 223729,308785, ubicadas en este proyecto residencial con dos fincas más ajenas a la urbanización (21791 y 23846) por un monto de 8 millones 800 mil dólares.
“La complejidad de la situación se genera porque 15 familias que residimos en las fincas en venta publicadas por la cooperativa han cumplido todo el proceso legal e incluso se les entregó las llaves de sus residencias y están viviendo en ellas”, dijo Manuel Martínez.
Este residente pagó el costo total de su vivienda, 70,000 dólares, y de igual forma es considerado como intruso por la cooperativa y podría ser desalojado.
Otras diez familias entregaron abonos y solo con este trámite se les dio el permiso para ocupar las casas, sin embargo, al igual que las otras 15 son consideradas intrusas y se les pretende desalojar.
Además, el resto de las familias que residen en este proyecto habitacional, desde antes de 2010, también están siendo afectadas porque la cooperativa está vendiendo las tierras en donde están los parques, la planta de tratamiento está abandonada y hace falta el acceso a las calles principales, según los residentes.
De acuerdo con Cacsa, el desconocimiento de los trámites hipotecarios se debe a que las familias llevaron a cabo la transacción comercial solo con Grupo 4M (promotora y constructora) y no con la cooperativa.
No obstante, los residentes manifiestan que Cacsa era socia del proyecto y avaló los trámites hipotecarios de las familias.
La cooperativa explica que lo que sucede es que le otorgó un préstamo de $7.5 millones a Agustín Montalvo, representante legal de Parque Centenario y Grupo 4M, para el desarrollo.
Las complicaciones surgieron cuando Montalvo no cumplió con los pagos correspondientes a Cacsa, lo que generó el secuestro de las tierras por parte de la cooperativa, que luego de un proceso legal se convirtió en dueña del proyecto.
Ahora la organización, como propietaria, no reconoce pagos ni documentos de un grupo de familias y está vendiendo las fincas, incluyendo las casas, además de que áreas comunes y servicios como la planta de tratamiento están abandonados.
Cacsa explicó en mayo del año pasado a este diario que no tienen la responsabilidad de reconocer estos pagos porque la transacción comercial no fue con ellos.
Consultamos al abogado de la cooperativa, Edilberto Arjona, quien reiteró que la organización como propietaria puede vender las fincas independientemente de que estas familias residan allí porque no cuentan con título de propiedad.
Añadió que si el proceso de compra de las propiedades no finalizó, no es responsabilidad de Cacsa, sino del propietario anterior (las empresas Parque Centenario y Grupo 4M).
Arjona aseguró que si las fincas no se venden, le corresponderá a la cooperativa iniciar el proceso de lanzamiento (desalojo) de las familias que allí residen.
La residente Benavides, una de las afectadas que pagó como abono inicial 8,900 dólares, al igual que Martínez manifiesta que no es cierto que Cacsa solo prestó el dinero para el proyecto, aduce que desarrolló el proyecto en asocio con Parque Centenario y Grupo 4M.
De igual forma, otros residentes del residencial Parque Centenario han manifestado que en las cartas promesa, la promotora indicaba al banco correspondiente que el cheque lo debía girar a nombre de Cacsa.
Además, Martínez detalla que canceló el costo de su casa, 70,000 dólares, en efectivo, en tres pagos, que aunque se hacían a nombre de la promotora fueron depositados por él en las oficinas de la cooperativa, ubicada en Avenida Perú.
“He investigado y la cooperativa no podía recibir más de cinco mil dólares en efectivo por ser de ahorro y crédito”, aseveró Martínez.
“Tengo pruebas de que Cacsa era la dueña del proyecto, que hoy en día están vendiendo en $8.8 millones, era socia con Parque Centenario y 4M”, destacó el residente de la urbanización.
Denuncias
Los residentes han interpuesto cinco denuncias penales en contra de Cacsa, Parque Centenario y Grupo 4M.
El abogado de Cacsa se refiere a la demanda puesta por Martínez y señala que se dio un sobreseimiento al caso pues no existían las pruebas necesarias.
Martínez por su parte explica que fue un sobreseimiento provisional, pero se han agregado nuevas pruebas, en las que queda en evidencia que hay un delito.
El subdirector del Ipacoop, Gonzalo Correa, manifestó estar preocupado por este caso y que investigarán la denuncia.