Piratas de software recibirán denuncias por vía penal
Publicado 2001/02/19 00:00:00
- REDACCION
Business Software (BSA) anunció que, como parte de su campaña en contra de la piratería de software en Panamá, ha dado inicio a la interposición de denuncias penales contra empresas que instalen y utilicen software ilegalmente.
"Muchas empresas tienen la percepción de que usar software de manera ilegal no conlleva consecuencias", señaló Erick López, representante legal de BSA en Panamá. "BSA dedica sus recursos a combatir esta forma de hurto que afecta tanto a sus miembros, como al desarrollo tecnológico y económico del país y la reputación personal de aquellos que apoyan este delito. Mantendremos una posición fuerte hacia las empresas que violen los derechos de propiedad intelectual", señaló López.
La adición de las acciones penales a las civiles que BSA interpone a nombre de sus representados, obedece a la necesidad de utilizar medidas más disuasivas que incentiven la administración responsable de programas de computadora y reduzcan los altos índices de piratería en el país. Actualmente se estima que siete de cada 10 programas instalados en Panamá no cuentan con las licencias correspondientes de uso.
"La piratería de software tiene un fin de impactos negativos para todos, desde la falta de generación de empleos en las empresas distribuidoras de programas de software, hasta deslucir la imagen de Panamá en la comunidad internacional de inversionistas, quienes buscan países donde las reglas del juego son transparentes y equitativas para todos", explicó López.
Las acciones penales que BSA lleva a cabo conllevan consecuencias inmediatas y graves que van desde la aprehensión provisional de las computadoras que contengan programas ilegales, hasta la posible destrucción de estos equipos y el software instalado en el mismo.
De acuerdo a la ley, las sanciones establecidas para este delito resultan en penas de prisión desde un mínimo de 30 días a un máximo de 4 años, acompañadas de multas que varía desde mil a 20 mil dólares.
López señala que la propiedad intelectual, a pesar de ser intangible, está claramente protegida por las leyes de derecho de autor. Cada individuo tiene la responsabilidad cívica y moral de cumplirlas no solo por las consecuencias penales, sino por el daño que ocasionaría a la imagen y reputación personal y a la empresa que representa.
López agregó que la BSA está dispuesta a apoyar y asesorar a aquellos que deseen ponerse al día en cuanto se refiere a la legalización de sus programas de software.
La ley panameña protege los derechos de autor desde la primera Constitución de la República de 1904. Actualmente, la ley de derechos de autor y derechos conexos protege expresamente los programas de computadoras. De conformidad a esta ley, estos programas están protegidos en los mismos términos que las obras literarias y establece como ilícito, toda utilización, reproducción o distribución no autorizada de programas de computadoras.
"Muchas empresas tienen la percepción de que usar software de manera ilegal no conlleva consecuencias", señaló Erick López, representante legal de BSA en Panamá. "BSA dedica sus recursos a combatir esta forma de hurto que afecta tanto a sus miembros, como al desarrollo tecnológico y económico del país y la reputación personal de aquellos que apoyan este delito. Mantendremos una posición fuerte hacia las empresas que violen los derechos de propiedad intelectual", señaló López.
La adición de las acciones penales a las civiles que BSA interpone a nombre de sus representados, obedece a la necesidad de utilizar medidas más disuasivas que incentiven la administración responsable de programas de computadora y reduzcan los altos índices de piratería en el país. Actualmente se estima que siete de cada 10 programas instalados en Panamá no cuentan con las licencias correspondientes de uso.
"La piratería de software tiene un fin de impactos negativos para todos, desde la falta de generación de empleos en las empresas distribuidoras de programas de software, hasta deslucir la imagen de Panamá en la comunidad internacional de inversionistas, quienes buscan países donde las reglas del juego son transparentes y equitativas para todos", explicó López.
Las acciones penales que BSA lleva a cabo conllevan consecuencias inmediatas y graves que van desde la aprehensión provisional de las computadoras que contengan programas ilegales, hasta la posible destrucción de estos equipos y el software instalado en el mismo.
De acuerdo a la ley, las sanciones establecidas para este delito resultan en penas de prisión desde un mínimo de 30 días a un máximo de 4 años, acompañadas de multas que varía desde mil a 20 mil dólares.
López señala que la propiedad intelectual, a pesar de ser intangible, está claramente protegida por las leyes de derecho de autor. Cada individuo tiene la responsabilidad cívica y moral de cumplirlas no solo por las consecuencias penales, sino por el daño que ocasionaría a la imagen y reputación personal y a la empresa que representa.
López agregó que la BSA está dispuesta a apoyar y asesorar a aquellos que deseen ponerse al día en cuanto se refiere a la legalización de sus programas de software.
La ley panameña protege los derechos de autor desde la primera Constitución de la República de 1904. Actualmente, la ley de derechos de autor y derechos conexos protege expresamente los programas de computadoras. De conformidad a esta ley, estos programas están protegidos en los mismos términos que las obras literarias y establece como ilícito, toda utilización, reproducción o distribución no autorizada de programas de computadoras.
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