Presión internacional y local rodea evasión fiscal

En medio de las advertencias de sanciones internacionales contra Panamá y la presión de grupos internos, se aprobó ayer en tercer debate  el  proyecto de ley  591, que eleva la evasión fiscal a delito penal.

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La diputada Zulay Rodríguez señaló que  esta es la mejor  herramienta de persecución política que va a tener el gobierno de turno para meter preso, ya que  la Dirección General de Ingresos (DGI) levantará el informe y  señalará que se evadió impuesto.

Indicó que "las autoridades indican que por menos de 300 mil dólares no va a la cárcel, pero esos 300 mil son acumulables".

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, envió el lunes una nota a la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, en la que expresa su posición sobre este proyecto y le pide que sea bajado a primer debate.

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"Para este gremio, la oposición a este proyecto no es un dilema subjetivo, sino que luego del análisis de la normativa que se plantea, la única respuesta que se ha dado es que la normativa es una exigencia del Gafi sin entrar en mayores argumentos que esto evitará que entremos a una lista de algún color", indica parte del escrito.

"No podemos creer que solo con las penas vamos a lograr un control social sobre conductas y hechos que requieren una lucha integral", sostuvo.

En el escrito, el abogado señaló que la normativa tiene algunos aspectos negativos que en la práctica se darán y que afectarán tanto las garantías fundamentales de panameños y extranjeros y, por supuesto, la inversión extranjera lícita.

Agregó que los diputados no lograrán entender las repercusiones penales de tipificar la evasión fiscal como delito.

Explicó que la inversión extranjera con este delito va salir huyendo de Panamá, porque "si vienen al Istmo a hacer depósitos y actividades lícitas, cuando les apliquen la defraudación fiscal, el país de origen podrá investigar en Panamá las acciones y negocios que tengan".

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Mientras que el economista David Said lamentó que en el proyecto quedara por fuera el artículo en que el sector privado señalaba que si un funcionario hacía una investigación sin fundamento por razones políticas sería sancionado severamente.

Aunque Saied reconoció que con las modificaciones el proyecto quedó "bastante bien", resaltó que en el apuro de aprobarlo se quedaron temas muy importantes por fuera y ahora hay que ver el impacto en la economía local y la inversión extranjera.

Un estudio del profesor y abogado Juan Antonio Kuan Guerrero indica que bajo ciertas perspectivas no ve conveniente ni apropiado elevar a categoría de delito las conductas descritas en el proyecto.

"Nuestro país no puede por encima de su soberanía nacional, sucumbir a todas las exigencias internacionales que se nos pretendan imponer, bajo la idea central que la incapacidad de recaudar sus impuestos de los países que crean y sustentan estos organismos internacionales, busquen en nosotros quienes seamos los perseguidores de sus ciudadanos evasores", destaca.

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Sin embargo, Javier Mitre, asesor de Asuntos Tributarios del Ministerio de Economía y Finanzas, destaca que es falso que se sancione por el simple hecho de adeudar impuestos, ya que el adeudar impuestos es solo exigible por la autoridad el monto dejado de pagar con los respectivos intereses y recargos sin que eso conlleve defraudación fiscal.

Indica el experto en temas tributarios que la aplicación de esta norma tendría efectos sobre los montos a declarar en el impuesto sobre la renta en el periodo fiscal 2020 correspondiente a los ingresos obtenidos en el 2019.