Productores rechazan nuevo impuesto por uso del agua

La discusión en la Asamblea del proyecto de ley 42, que crea un impuesto por el uso del agua, es catalogada como una nueva acción que se suma a una conspiración para desaparecer la producción nacional y beneficiar el negocio de la importación, según la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA).

El documento establece en el artículo 114 que el valor económico del agua se determinará y actualizará mediante la aplicación de metodologías propuestas por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Detalla, además, que se crea el canon por uso del recurso hídrico, el cual consistirá en el pago que deberá realizar el titular de la actividad relacionada con el uso y aprovechamiento in situ de los recursos hídricos del Estado, en función del caudal, espacio utilizado y condiciones ambientales.

La metodología para el pago será establecida por la Autoridad Nacional del Ambiente, la cual será la entidad encargada de cobrar dicho canon, que se revisará para su ajuste cada cinco años.

Nodier Díaz, secretario general de la Federación de Arroceros y Granos de Panamá (Fedagpa), señaló que debido a la situación actual por la que atraviesa el sector agro, no pueden hacer frente a un costo más.

"En este momento nosotros nos resistimos a una cuota más, ya que nos van a imponer este nuevo costo por uso del agua, pero los clientes no nos van a pagar más por el producto", dijo.

Para el agricultor, ese costo bien lo podría asumir el Estado, porque el pequeño productor, el que desarrolla la actividad para subsistir, será el más afectado, ya que no puede asumir más costos, contrario a una arrocera de más de mil hectáreas que pudiera enfrentar el nuevo gasto.

Díaz también enfatizó que la Constitución Política establece que el Estado debe garantizar al productor todas las facilidades para la actividad.

La propuesta no es nueva, sin embargo no se había debatido y ahora en este momento de crisis para el agro se ha decidido debatir el proyecto, agregó Díaz.

Los productores aseguran que no se les ha tomado en cuenta en esta iniciativa y que la mayoría del sector agropecuario desconoce la iniciativa, que fue presentada por el diputado Elías Castillo.

Augusto Jiménez, de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), señaló que esta acción se sumaría a la conspiración que hay contra la producción nacional.

"Esto obedece a un sistema de ir desapareciendo cada vez más la producción nacional, lo que también afecta al consumidor", argumentó Jiménez.

"Los grandes intereses están en importar, esos son los dividendos que están entre los allegados al Gobierno y Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) que los aglutina (a importadores).

Las declaraciones de los productores coinciden con el análisis que hace el extitular de la cartera agropecuaria, Jorge Arango, quien manifiesta que los primeros 5 meses de este año se importaron 4,920 millones de dólares y exportamos $212 millones en comida.

Destacó que en 2016 se importó más que lo que nos dio el Canal de Panamá.

"Éramos más soberanos cuando teníamos a los gringos aquí que ahora, porque cuando se habla de soberanía no es solo que manejemos el territorio, sino que lo que produzcamos nos lo comamos y no dependamos de los demás".