Restaurante y bares piden subsidio fiscal al Gobierno
La ARBYD explicó que el crédito sería basado en el 25% de las ventas que tuvo cada empresa de este sector durante el año anterior a la pandemia.
Los empresarios además temen que cuando vuelvan a abrir sus negocios tengan deudas exorbitantes. La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (Arbyd), paga en alquileres $27 millones anualmente.
La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (ARBYD), que integra a 477 empresas, hizo una propuesta al Gobierno Nacional solicitando acogerse a un nuevo subsidio fiscal.
La propuesta consiste en la emisión de créditos fiscales en base al 25% de la facturación de cada una de estas empresas en el 2019, antes de la pandemia del coronavirus.
Se trata de créditos fiscales canjeables en el mercado secundario y podría usarse para repagar cualquier obligación fiscal con el Gobierno central o con los gobiernos locales.
Alexander Graell, miembro de ARBYD, dijo que el crédito fiscal propuesto sería transferible, endosable, vendible con la intención de crear un mercado secundario que permita algún tipo de alivio a los actores de este sector que juega un papel esencial en la oferta turística y gastronómica del país.
"Este crédito fiscal sería calculado con base a las ventas generadas durante el año fiscal 2019 reportadas a la DGI a través de la declaración de renta pertinente y se establecería un crédito fiscal equivalente al 25% de las ventas totales reportadas a la DGI en 2019", explicó.
Agregó que el 25% se basa en el pago de los costos operativos que se dejaron de generar este año ante la pandemia.
"Esta alternativa crearía un mercado secundario interesante para que las empresas se mantengan a flote, creando plazas de empleo que a la postre se podrán traducir en ingresos para el Estado", señala.
Otras de las alternativas presentadas al Gobierno es una ayuda no reembolsable sería el equivalente a tres meses de gastos operativos, según la última declaración de renta presentada ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
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Sin embargo, Graell señaló que ellos están conscientes de que probablemente esta segunda propuesta no sería avala por el Gobierno Nacional.
La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus mantiene al borde de la quiebra a los dueños de restaurantes, bares y discotecas, quienes han tenido que cerrar entre el 95 y 98% de los locales registrando más de 100 millones en pérdidas.
Anualmente las empresas agremiadas a ARBYD generan ventas por la suma de 300 millones de dólares y emplean a 9 mil trabajadores de manera directa y 27 mil plazas de forma indirecta. Mientras que, la industria en general emplea a más de 300 mil personas.
Los empresarios además temen que cuando vuelvan a abrir sus negocios tengan deudas exorbitantes. La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (Arbyd), paga en alquileres $27 millones anualmente.
El presidente del Colegio Nacional de Economistas de Panamá, Samuel Moreno dijo que aún cuando éstos sectores han reabierto a la economía necesitan de una ayuda.
Explicó que un crédito fiscal implica un apalancamiento financiero en el cual incluso pueden ser sujetos como documentos negociables y que efectivamente son políticas fiscales que en algunos esquemas se han utilizado para generar créditos a sectores que en algún momento necesitan oxígeno de ingreso para garantizar inversión y empleos.
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"La propuesta es válida y tiene que ser analizada en su contexto y en base a las necesidades de cada una de las empresas para poder reactivar la economía y las plazas de empleo que se han perdido", añadió.
A la fecha un 40% de los agremiados de ARBYD han quebrado tras no contar con los recursos necesarios para volver a reabrir tras la pandemia.
Los dueños de restaurantes mantienen en suspensión miles de contratos laborales, bajo el mecanismo temporal que abrió el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), situación que cambiará cuando las ventas se vuelvan a normalizar.
El próximo 31 de diciembre vence la Ley 157 que permitió la suspensión de contratos laborales. La última cifra del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral contabiliza más de 100 mil contratos laborales reactivados de los 280 mil que fueron suspendidos.