Panamá
Scotiabank es señalado por supuesto abuso de poder
El grupo considera que ha sido víctima de abuso de poder, desequilibrios legales y falta de transparencia por parte de las instituciones panameñas.
- Redacción economí[email protected] @panamaamerica
- - Actualizado: 01/2/2023 - 09:48 pm
Por presuntos delitos de estafa agravada, extorsión y asociación ilícita para delinquir, está siendo señalado The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) en Panamá. Los señalamientos provienen de Decuria Group, un holding inmobiliario internacional enfocado en el desarrollo y construcción residencial turística y hotelera.
El grupo considera que ha sido víctima de abuso de poder, desequilibrios legales y falta de transparencia por parte de las instituciones panameñas, porque ha presentado distintas acciones para resolver su caso, las cuales no han sido atendidas en cinco años. El próximo 15 de febrero de 2023 se tiene previsto celebrar una audiencia (Plaza Ágora, sala #12, 8:30am) entre Inversiones Decuria S.A. contra The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) y sus directivos. Desde Decuria Group llaman a la sociedad civil a prestar atención y a fiscalizar el Órgano Judicial y el Ministerio Público, para evitar la impunidad que gozan las llamadas “figuras de alto perfil” como es una entidad financiera de esta envergadura.
El proceso no solo ha afectado a Decuria Group, sino a inversionistas y a más de 20 familias que no han logrado titular sus propiedades, aquellas que adquirieron con el grupo, de acuerdo con sus propios directivos. De hecho, Inversiones Decuria S.A. y compañías asociadas revelaron que el valor del daño económico, provocado por este caso, asciende a $45,330.346.79, cifra que corresponde a un informe de daños auditado por la firma Crowe Horwath con fecha de 12 de marzo de 2018. Dicho informe forma parte del expediente de la querella principal por estafa agravada que interpusieron las empresas al banco.
"La desconfianza fue salpicando y expandiéndose a otras empresas, inversionistas y fondos de inversión extranjera vinculados al grupo, que frenaron y congelaron sus millonarias inversiones al percibir que el caso pudo haber sido tapado y teñido de corrupción tanto en el Sistema de Justicia, la Superintendencia de Bancos de Panamá o el Ministerio Público", detalló Decuria Group en un comunicado referente al tema.
En el portal panamascandal.com, un equipo de investigación, mencionan que hay diez casos por estafa contra Scotiabank en Panamá que fueron paralizados y archivados en la Fiscalía de Investigación y en la Corte Suprema. Además, detallan que Scotiabank entregó minutas de cancelación a familias cuyas propiedades en trámite de escrituración fueron embargadas. La minuta de cancelación es un documento legal que entrega el banco prestamista sobre cada propiedad inmobiliaria que vaya a ser transferida e inscrita en Registro Público, liberándola de toda deuda para con el banco.
La relación
En 2012, la empresa Inversiones Decuria S.A. estableció la relación comercial con el banco a través de un crédito hipotecario para el desarrollo de un proyecto urbanístico de playa en la zona del Pacífico.
A finales de 2015 la empresa no pudo hacer frente al pago del préstamo y tuvo varios atrasos, donde el banco concedió varias extensiones de crédito para la devolución del crédito siempre y cuando la empresa estuviera al día con el pago de intereses. En agosto de 2016 el grupo solicitó una reestructuración del préstamo al banco, y después de varios meses de negociaciones, el 23 de enero de 2017 llegan a un acuerdo de reestructuración incluyendo nuevas condiciones de garantías de terceros exigidas por el banco.
Pero, en marzo del mismo año, según confirma Igor Cortés, directivo en Decuria Group, después de que el grupo presentó y cumplió con todas las condiciones interpuestas por el banco, apareció un alto directivo canadiense llamado Enrique López, citándole a una reunión con toda la directiva del banco, donde le avisó que dichos documentos ya no eran válidos, convirtiendo esa reunión en una extorsión llena de exigencias abusivas y amenazas a nivel personal. Así lo manifestó en su declaración ante la fiscalía la Lic. Jennifer Croston, exdirectiva del Grupo y testigo de esa reunión.
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Por lo que, en lugar de proceder con la reestructuración del crédito, el banco llevó el caso ante un juez y procedió con una ejecución hipotecaria, obviando todos los acuerdos alcanzados y firmados previamente con la empresa, para luego embargar las propiedades con el objetivo de ser puestas en subasta o remate, algunas propiedades estaban libres para la venta, pero muchas otras eran propiedades en fase de escrituración de distintos clientes. Adicionalmente al embargo de las propiedades, el banco retuvo en su haber todas las garantías adicionales valoradas en cerca de 7 millones de dólares, según avalúo entregado por la empresa certificada Avaistmo, dispuestas por parte de terceros como condición para proceder con la restructuración del crédito. “La exigencia de esas garantías adicionales, ocultando la intención de ejecutar de cualquier forma el crédito y retener las garantías entregadas, enmascara un engaño que constituye el delito de estafa agravada”, explicó el equipo legal de la empresa.
“Nos han dinamitado nuestra reputación frente a nuestros clientes, colaboradores, inversionistas, proveedores y diferentes entidades financieras”, expresó Cortés. El grupo es el máximo responsable de la situación que sufren los clientes, que, hasta el día de hoy, no han podido hacer nada con sus propiedades a causa del conflicto.
Todo el proceso ha generado una profunda inseguridad jurídica. Abraham Valles, parte del equipo legal de Decuria Group, dijo que hay suficientes elementos de prueba para que el caso se resuelva satisfactoriamente siempre que el proceso se juzgue con equilibrio, imparcialidad y bajo la ley.
Tras el carpetazo y caso omiso por parte de la fiscalía sobre el conflicto, el grupo también solicitó a la empresa de consultoría BRG (Berkeley Research Group) una auditoría sobre la relación y el conflicto entre la empresa y el banco. En el informe entregado, con fecha del 2 de agosto de 2019 y facilitado por Valles, BRG detalló: "Finalizada nuestra investigación podemos determinar que Scotiabank actuó de mala fe, saltándose los códigos éticos de la industria de la banca, ya que después de exigirle nuevas garantías de terceros para reestructurar el préstamo procedió a ejecutarlas sin que Inversiones Decuria S.A. hubiese incurrido en ningún incumplimiento de términos, condiciones y/o garantías".
Según Igor Cortes, “las Instituciones panameñas deben mostrar la transparencia que la sociedad exige y que la inversión extranjera tanto demanda, porque la inseguridad jurídica ahuyenta la inversión que puede contribuir a la recuperación económica y a mejorar el alto nivel de desempleo que sufre el país”.
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