Panamá
Industriales, comerciantes, productores agropecuarios, entre otros, rechazaron los cierres de calles y los disturbios que se están dando a nivel nacional.
Los empresarios pidieron evitar que se repitan hechos como los acontecidos en 2022 y 2023. Francisco Paz
"Déjennos trabajar, no impidan que la gente haga lo que sabe hacer: trabajar", fue el mensaje que transmitió Alicia Jiménez, en representación de varios representantes de sectores productivos del país.
Las palabras fueron dirigidas a aquellas personas que se manifiestan en las calles desde hace varias semanas, con bloqueos de importantes avenidas que han dejado pérdidas económicas incalculables.
En la conferencia de prensa estuvieron productores agropecuarios, farmacéuticos, dueños de restaurantes, industriales, microempresarios y otros actores de la vida productiva nacional, que expresaron que el orden público y la libre circulación deben prevalecer.
Jiménez considera que, como está el país en estos momentos, no vamos a puerto seguro.
"No lo veo, todavía. Tenemos que realmente salir de las calles y buscar otros mecanismos", recomendó.
A manera de ejemplo, para cuantificar en algo, las pérdidas, informó que en el caso de los restaurantes y hoteles, existe una merma de ventas de 40%, la cual alcanzará, más rápidamente, a la juventud, porque son los que más trabajan en esos sectores.
"Cómo vamos a responder a las pérdidas de empleos en tres fincas de Bocas del Toro, cuando allá hablamos de 6 mil a 7 mil trabajadores. El país no aguanta más esta situación, estamos preocupados con el devenir de nuestro país", reflexionó Jiménez, que pertenece a la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.
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Los empresarios sostienen que es fundamental lograr una comunicación respetuosa, serena y propositiva, independientemente de los diferentes grupos y sus puntos de vista.
Expresaron que los derechos esenciales como salud, alimentación, educación y libre tránsito no son negociables.
Este martes varios manifestantes fueron aprehendidos en protestas realizadas en diversos puntos del país, como Los Santos y Ciudad de Panamá.
Desde que comenzaron las protestas contra la Ley 462 se han registrado más de 480 cierres a nivel nacional, dijo el director de la Policía Nacional.
Más allá de las pérdidas económicas, Jiménez plantea que el principal daño de las protestas es en el tejido social del país.
Mencionó, en especial, los días de clases que están perdiendo los estudiantes y las consultas y exámenes clínicos que no se han podido realizar los pacientes que los requieren.
"Recordemos que cada estudiante representa parte de nuestra inversión, a través de nuestros impuestos", planteó.
Por su parte, Domingo de Obaldía, del sector de los restaurantes, sostuvo que se nutren de jóvenes en su industria y se preguntó cómo van a seguir contratándolos con deficiencias, debido al tiempo de enseñanza-aprendizaje que han perdido en los últimos años. "Estamos dejando de educar a nuestra gente", reflexionó.
Con respecto a la actividad, informó que seis grupos pararon negociaciones de alquilar o construir locales, porque no saben qué es lo que va a pasar.
Los empresarios reconocieron que la falta de confianza en las instituciones, la desinformación generalizada y la desigualdad en la sociedad, sumado a la fragmentación social, son factores que amenazan el bienestar colectivo del país, por lo que hicieron un llamado a propiciar entendimientos.
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