El economista Juan Jované dijo que queda la sensación que de tras esos $300 millones está el interés de desviar recursos que ya existe el clientelismo y sería peligroso para el país.
A menos de un año para que finalice la administración de Juan Carlos Varela, el gobierno quiere ahora ser responsable en las finanzas y contener el incremento del gasto corriente del Gobierno Central en línea con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) potencial más inflación.
Prueba de ello, es la solicitud de una dispensa pro 300 millones de dólares por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional crea más dudas en cuanto a su verdadera utilización.
Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.
VEA TAMBIÉN: Alza en tarifa eléctrica afectará poder adquisitivo del panameño
El economista Juan Jované indicó qué clase de Gobierno que tenía proyectos no contaba con su financiación y si lo tenía asegurado, por qué piden ahora 300 millones de dólares.
"No es que se vayan a comprometer a no aumentar el gasto público, ya que tendrían que presentar un plan de austeridad, asi que ese es un compromiso puesto en el aire", aseguró el economista.
VEA TAMBIÉN: Incremento en la tarifa eléctrica se reflejará en los precios finales al consumidor
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró que las modificaciones de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal están determinadas por cuatro puntos medulares: la eliminación de la regla de ajuste por contribuciones efectivas de la Autoridad del Canal de Panamá y volver a adoptar la regla fiscal sobre el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero establecido en la Ley 34 de 2008; fijar el valor numérico de la regla fiscal sobre el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero en -1.5% del PIB y contener el incremento del gasto corriente del Gobierno Central en línea con el crecimiento del PIB potencial más inflación.'
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró que las modificaciones de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal están determinadas por cuatro puntos medulares: la eliminación de la regla de ajuste por contribuciones efectivas de la Autoridad del Canal de Panamá y volver a adoptar la regla fiscal sobre el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero establecido en la Ley 34 de 2008; fijar el valor numérico de la regla fiscal sobre el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero en -1.5% del PIB y contener el incremento del gasto corriente del Gobierno Central en línea con el crecimiento del PIB potencial más inflación.
Jované también cuestionó que el Gobierno no hace un compromiso de mejorar y aumentar la recaudación.
"Realmente queda la sensación que de tras esos 300 millones está el interés de desviar recursos que ya existe el clientelismo y sería peligroso para el país", dijo.
VEA TAMBIÉN: Distorsión en el mercado sigue, a pesar de regulación de precios
Concerniente al cambio de la ley del FAP se establecen lo siguiente: la disminución de la regla de acumulación de 3.5% a 2.5% del PIB y la capitalización de los rendimientos generados a partir de 2019 para que pueda jugar el papel para el que fue creado.
Por su parte la economista Maribel Gordón, destacó que cómo vamos a justificar una dispensa so pretexto de garantizar el déficit fiscal en márgenes establecidos.
"Nos parece que el accionar no ha sido correcto en la medida que estamos cargando el presupuesto y generando relación de creación y prestación de servicio por parte del Estado a partir de lo que sería una forma no transparente de la gestión pública", añadió.
Indicó que para esta dispensa se han dado varias justificaciones y queda la duda de saber cuál es la causa real de esta solicitud.
Han hecho observaciones, varias causas, no podemos ser ajenos a que nos encontramos a un año preelectoral donde los gobiernos asumen mayor clientelismo a partir de los ingresos públicos, aseguró la dirigente y economista.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.