Tío Sam no pagó prestaciones a panameños

Mientras el reloj marcaba las 12 mediodía del 31 de diciembre y la emoción se derramaba en las lágrimas de todos los panameños, que celebraron la transferencia del Canal, los trabajadores de la vía se preguntaban ¿qué pasará con sus indemnizaciones y años de servicio en la Comisión del Canal?
Miles de empleados canaleros, que iniciaron labores luego de la vigencia del Tratado Torrijos Carter, quedaron con las manos vacías, porque el gobierno de Estados Unidos eximió a la Comisión del Canal de pagar a los trabajadores la indemnización correspondiente al dejar de ser empleados federales para transformarse en trabajadores de la nueva empresa llamada Autoridad del Canal de Panamá.
Londor Rankin, vicepresidente saliente de la Asociación de Pilotos del Canal, destaca que esta compensación llamada “severance pay” está establecida en las leyes de Estados Unidos, y se aplica cuando un empleado deja de trabajar para una agencia federal norteamericana, por causas ajenas a su control o en el caso de que aún no tenga la edad necesaria para jubilarse.
“Se trata de empleados que por muchos años han sido fieles al gobierno de Estados Unidos. Pero ahora ese mismo gobierno les ha dado la espalda, desconociendo sus derechos legales”, puntualizó Rankin.
La enmienda, que exceptúa a la Comisión del Canal del pago de las prestaciones, se sustenta en que los trabajadores mantendrán su trabajo en condiciones y derechos laborales similares a los existentes antes del 31 de diciembre, cuando comenzó a funcionar oficialmente la Autoridad del Canal de Panamá. El gobierno de Estados Unidos alega que no se requiere una indemnización porque los trabajadores no quedarán cesantes.
CURIOSAS COINCIDENCIAS
Desde 1993, la Comisión del Canal hizo algunos intentos fallidos para modificar el título 5 del Código de Regulaciones Federales, “para excluir a ciertas categorías de trabajadores de la Comisión del Canal de Panamá, del derecho de indemnización por cesantía”.
Sin embargo, no fue hasta 1997 cuando la Oficina de Administración de Personal de los Estados Unidos eximió a la Comisión del Canal del pago de las prestaciones a los trabajadores que entraron después de la vigencia del Tratado Torrijos Carter y que no se jubilaron antes del 31 de diciembre.
También en 1997 se aprueba la Ley Orgánica del Canal de Panamá, que en su artículo 46 establece que ni el gobierno de Panamá ni la Autoridad del Canal “pagarán ninguna deuda, obligación o compromiso económico contraído con anterioridad al 31 de diciembre de 1999 ”.
A juicio de Rankin hay algo más que una coincidencia de fechas entre el no pago del “severance pay” y la aprobación del la Ley Orgánica del Canal y alega que el gobierno panameño tenía conocimiento de estos cambios.
“Hay pruebas de que hubo conferencias telefónicas entre altos directivos de la Comisión del Canal y ciertas oficinas del gobierno de Estados Unidos para introducir esta enmienda en el Senado”, enfatiza Jorge Terán, ex presidente de los pilotos.
LA BATALLA LEGAL
Sin embargo, aún con las manos vacías, la Coalición del Sindicatos del Canal de Panamá y del Caribe, a través de la firma estadounidense Baker Keener and Nahra, interpondrá una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para exigir el pago del “severance pay”.
De ganarse la demanda, el fisco de Estados Unidos tendrá que pagar de 60 a 65 millones de dólares a los trabajadores del Canal.
La primera fase tiene un costo aproximado de 35 mil dólares y comprende la recopilación de datos para determinar si se va a proceder con el litigio o si es posible presionar al Senado para derogar la enmienda.
En la segunda fase se hará una divulgación masiva ante los medios de comunicación, para informar a la opinión pública sobre las demandas de los trabajadores. Tiene un costo aproximado de 235 mil dólares.
SORTEANDO OBSTACULOS
Baker Keener and Nahra no aceptó trabajar en base a “contingencia”(los honorarios se cubrirían con el dinero de la indemnización).
Si el juicio avanza favorablemente, la firma de abogados cobraría un porcentaje del dinero recuperado y lo compensaría con un descuento en sus honorarios.
Irónicamente, es precisamente dinero lo que necesitan los sindicatos, en vista de que el proceso podría costar más de un cuarto de millón de dólares.
“En estos momentos estamos estancados, mientras encontremos la manera de conseguir el dinero para cubrir los altos honorarios de los abogados”, explicó Rankin.
Los sindicatos contemplan la posibilidad de que cada trabajador haga un aporte individual, que podría ser recogido por su propio sindicato.
RENTABILIDAD PELIGROSA
Los trabajadores han visto con preocupación algunas señales que apuntan a pensar que el nuevo concepto de rentabilidad del Canal podría convertirse en sinónimo de reducción de personal.
La última semana de diciembre, los remolcadores y pasacables protestaron porque la administración disminuyó la cantidad de marinos en la cubierta de los remolcadores y las cuadrillas de pasacables en los barcos.
En 1998, los pilotos denunciaron ante los propios usuarios del Canal, las intenciones de la administración de reducir la cantidad de prácticos en los barcos Panamax, medida que posteriormente fue anulada, luego de un largo proceso de negociación.
“Estamos de acuerdo en que el Canal debe diversificar sus actividades y también minimizar costos para obtener mayores utilidades, pero sí nos preocupa que ese cambio de enfoque termine dándole la espalda a la razón del ser del Canal, que es dar servicio”, dice el vicepresidente de los pilotos.