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Hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determine cuales son las conductas que en materia administrativas que corresponden a la evasión fiscal, sería muy peligroso en este momento tipificarla, así lo manifestó el presidente del Colegio Nacional de Abogados y catedrático Dionisio Rodríguez.
Las declaraciones de Rodríguez se dieron luego que el ministro Dulcidio de la Guaradia presentara un "estudio comparativo del delito fiscal en Panamá y otros países" para dar inicio a un debate nacional sobre la conveniencia de tipificar la evasión fiscal como delito.
Rodríguez explicó que el MEF tiene que realizar estudios más profundos porque no sabe cuales son las conductas para cometer una defraudación fiscal, porque de lo contrario se podría utilizar para perseguir políticamente a un particular que no esté de acuerdo con la posición del gobierno en turno.
Considera que el anunció que se dio es para dar a conocer que se están haciendo reuniones con los sectores que tienen que ver con el tema, sin embargo el CNA no fue invitado.
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No obstante, el economista Juan Jované dijo que está de acuerdo con la medida, pero señaló que en la ley se debe garantizar que la justicia funciones adecuadamente y que no se utilice para persecusión política, no importa quien cometa el delito.El Gob quiere castigar como delito la evasión fiscal para obligar a todos a pagar lo que ellos luego se roban.
— Ebrahim Asvat (@easvat) 6 de octubre de 2017
“Esta medida debió ser una iniciativa de Panamá y no de un organismo internacional para evitar el ingreso del país nuevamente a la lista gris”, manifestó.
Jovane recomienda que la medida debe ser extendida a quienes también eviten pagar las cuotas del Seguro Social.
Así como la evasión fiscal quiere ser castigada, los particulares que no paguen las cuotas de seguro social también debe ser incluidas en este análisis y además debe quedar claro en la ley que la morosidad no es una evasión al fisco, dijo el economista.
El estudio que fue presentado ayer, jueves señala que el cambio en nuestra legislación afectaría a pocos, además que fortalecería la recaudación de ingresos y evitaría que Panamá se use como jurisdicción donde se lave dinero producto de delitos fiscales en otras jurisdicciones.
También detalla que la medida que será analizada en un debate nacional es una de las recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para evitar caer otra vez en la "lista gris".
En el 2014, se incluyó a Panamá en una "lista gris" de GAFI. El sector financiero, que representa aproximadamente el 7% del PIB de Panamá, perdió competitividad y estuvo seriamente afectada por su inclusión en esta lista. El deterioro del sector financiero tiene un efecto cascada sobre toda la economía, por lo que el Gobierno Nacional aprobó nuevas leyes que adoptaban los estándares de GAFI. Sin embargo, el delito fiscal no fue incluido en estas leyes. A pesar de esto, en febrero de 2016, con estas nuevas leyes, logramos salir de la "lista gris".
De acuerdo al último informe sobre la Distribución de ingreso preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con información de Encuesta de Mercado Laboral, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), solo el 0.2% de la población laboral panameña percibe ingresos superiores a USD 100,000. Es decir, solo 3,478 personas de 1,770,000 personas tienen ingresos superiores a este monto.
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